El IDHUCA ante los hechos de violencia del 5 de julio 2006

[Silvia Elena Regalado <regalado@utec.edu.sv>]

Ante los hechos de violencia ocurridos el pasado miércoles 5 de julio,
el IDHUCA:

1. Lamenta y condena enérgicamente el asesinato de los miembros de la
Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), José Pedro Misael Rivas Navarrete y
Miguel Ángel Argueta Rubí.

2. Expresa su pesar y solidaridad a sus familiares dolientes y
compañeros. 

3. Exige una investigación exhaustiva y seria para dar con los
responsables y sancionarlos de acuerdo a la ley.

 

UN PUEBLO EN LA ORFANDAD

¿Hacia dónde va El Salvador? El enfrentamiento de este miércoles 5 de
julio entre manifestantes y la Policía Nacional Civil (PNC) frente a la
Universidad de El Salvador (UES), confirma lo propuesto por el IDHUCA
en numerosas ocasiones: es urgente y necesario construir una agenda común
para establecer el rumbo de una real transición hacia una sociedad
democrática y respetuosa de los derechos humanos. Casi quince años sin guerra
demuestran que, por el camino seguido hasta la fecha, no se ha llevado al país a
esa meta; de seguir tercamente por el mismo, las consecuencias pueden
ser desastrosas. Y la responsabilidad mayor de ese riesgo recae en quienes
han tomado las decisiones más importantes en los ámbitos gubernamental,
político, económico, social y hasta mediático. 

Esa torpe conducción, en medio de la elevada polarización
prevaleciente en la sociedad, se volvió a evidenciar en los dolorosos hechos antes
citados y las irresponsables declaraciones de esos "liderazgos" ante los mismos.
En vez de llamar a la calma en medio del caos y esperar una adecuada
investigación, echaron más leña al fuego y se posicionaron más con el
hígado electoral que con cerebro de nación. En el fondo, sus afirmaciones son
el reflejo de un conflicto que aún no termina. La pugna entre ambos
bandos ha continuado; aunque cesaron los combates militares, insisten en su afán
de destruirse o neutralizarse utilizando cualquier otro recurso a su
alcance. Al menos, eso había ocurrido hasta la muerte de estos dos agentes. Lo
peor es que en medio de su lucha interminable ha seguido sufriendo la gente
más pobre, que pone las víctimas. Por respeto a éstas, la actitud de
esos pretendidos conductores del país debió ser del todo distinta. 

Es insultante que las primeras palabras del presidente Antonio Saca
hayan sido para sacar raja partidista, atreviéndose a acusar formalmente al
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de lo sucedido; más
aún, el mandatario tuvo el descaro de llevar los hechos a lo electoral
cuando exhortó al pueblo salvadoreño a darse cuenta "de lo que le hubiera
pasado a este país si el FMLN gobernara". Así continuó su permanente campaña
proselitista. No hay duda que bajo la banda presidencial porta la
camiseta del partido que también preside y eso lo hace acusar sin
información, indagación y pruebas de los cargos que imputa a sus rivales. Lo mismo
hizo el Ministro de Gobernación, René Figueroa, quien agregó que "grupos
terroristas vinculados al FMLN rompieron los acuerdos de paz".
Aseveración atrevida y peligrosa porque entonces, en el fondo, lo que anunció es
el fin de la tregua; da pie, además, a pensar que así pretende justificar
la aprobación de leyes represivas, acciones de violencia estatal y la
existencia de estructuras armadas irregulares con motivación política,
mejor conocidos como "escuadrones de la muerte".

Del mismo modo, el FMLN ha sido irresponsable al pretender defender
lo indefendible. Al igual que los funcionarios señalados, su cúpula ha
tratado de obtener réditos partidistas afirmando que estas muertes son fruto
de un "auto ataque" de la PNC, sin contar con elementos para demostrarlo.
Como Saca, que no esperó los resultados de las indagaciones para acusar
al Frente, Salvador Sánchez Cerén -coordinador de la fracción
parlamentaria opositora- sostuvo lo que para él era "evidente": los impactos en el
corazón y la cabeza de las víctimas revelaban que fueron francotiradores
oficiales los responsables de los hechos. 

Tampoco se salvan el director de la PNC, Rodrigo Ávila, y el Fiscal
General de la República, Félix Garrid Safie. Ávila se alineó al discurso
oficial y apuntó su dedo hacia el partido de izquierda. Además, fue incapaz de
conducir la reacción policial posterior que usó la fuerza de forma
desmedida, capturando y golpeando a todo aquel que pareciera
estudiante universitario; ese fue el "criterio" utilizado para considerar
sospechoso a alguien. Mientras, Safie -quién sabe por desorientación, novatez o
costumbre- adelantó criterio al afirmar que las pandillas deben ser
vinculadas a las muertes; los indicios para llegar a esta conclusión
son los grafitos dejados por los manifestantes. ¡Vaya lucidez y olfato
investigador del recién estrenado Fiscal General!

Y qué decir de un sector poderoso del empresariado, cuyo régimen
económico castiga cada vez más a grandes sectores de la población. Ahí está la
raíz de todos los conflictos sociales, que no fue abordada por los acuerdos
firmados entre 1990 y 1992. Ese era, también, el origen de la protesta. Alumnos
y alumnas de secundaria y universitarios, protestaban por el aumento al
pasaje del transporte público y exigían incremento del salario mínimo. Con
esa intención partió la mayoría de manifestantes desde diferentes puntos
de la capital. Todo parecía normal. Pero la marcha se desnaturalizó porque
algunos iban armados y se enfrentaron -en condiciones del más ventajosas- a
miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la PNC. 

Eso desvió la atención de las reivindicaciones económicas y sociales,
para centrarla en el ataque a los agentes. La lucha por una existencia
digna no justifica el homicidio y la violencia. Quemar autobuses o locales
comerciales, destruir la propiedad privada o -peor aún- asesinar
policías son medidas ineficaces en la lucha contra la injusticia y se vuelven
contraproducentes porque atemorizan a la población afectada por las
políticas gubernamentales, restándole posibilidades a la construcción
de un verdadero movimiento social. Esa dirigencia debe cuestionarse por su
falta de imaginación y creatividad; por no utilizar la razón antes que la
fuerza para cambiar de fondo el actual estado de cosas. 

También algunas personas consideradas referentes de derechos humanos
fallaron al informar que había alumnos muertos en la UES. Es cierto
que la denuncia es necesaria, pero debe hacerse con información veraz y
prudencia para no desacreditarse ni alarmar innecesariamente a la gente. Frente
a la polarización tan alta en el país, es necesario asumir una posición
critica pero responsable y juiciosa.

El escenario nacional se complica más y más. No hay espacios para
discutir sobre los grandes problemas del país y buscarles solución. Más allá de
las frases huecas y chocarreras -"Un país unido, tiene sentido", por
ejemplo-, se debe trabajar para lograr la participación ciudadana real en las
decisiones importantes. Y es que la población está desesperada ante la
falta de empleo y oportunidades, la violencia y la inseguridad. Por eso se
toma las calles; lo hace para vender algo o para protestar por algo como
la carencia de agua potable, el incremento de los servicios públicos o
cualquier medida oficial que le afecte. Pero igual está desamparada,
sin dirigentes capaces de responder a sus demandas u orientar sus luchas.

El Salvador de hoy es un barco sin rumbo ni capitanes que lo puedan
conducir, con una tripulación a punto de amotinarse. Los sucesos del
pasado miércoles 5 de julio, deben motivar a la reflexión sobre el camino a
seguir; las reacciones inmediatas de los "mesías" actuales, deben alentar el
surgimiento de dirigencias diferentes en todos los ámbitos. El
camino seguido hasta ahora lleva al incremento de la violencia, la
polarización, la división y el odio; por ahí se va al estallido social y a la guerra.
El otro -el de un proyecto nacional incluyente que proteja, defienda y
promueva a los sectores más vulnerables- puede conducir al progreso, al
desarrollo, a la convivencia pacífica y al bien común. Para salir de la orfandad en
que se encuentra, el pueblo salvadoreño requiere de nuevas visiones y
organizaciones -políticas y sociales- que sean democráticas, que
respeten los derechos humanos y que digan verdad. 

 
Silvia Elena  
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