DETONANTES, LOGROS Y RETOS DE LA HUELGA

[Pro Justicia de Honduras <projush@yahoo.com>]

DETONANTES, LOGROS Y RETOS DE LA HUELGA DE HAMBRE DE LOS FISCALES.

Después de agotar las instancias al interior del Ministerio Público, 
ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos  y ante el 
Consejo Nacional Anticorrupción, el 7 de abril del 2008 los Fiscales 
Víctor Antonio Fernández Guzmán, Soraya Lizeth  Morales Romero, Luis 
Javier Santos Cruz y Jari Dixon Herrera, iniciaron una huelga de 
hambre en los bajos del Congreso Nacional, invitando al pueblo 
hondureño, a las organizaciones civiles y populares a sumarse a su 
lucha contra la corrupción, para exigir el ejercicio de acciones 
criminales contra personas vinculadas a las elites políticas y 
económicas autores de grandes actos de corrupción; el cesamiento  de 
los procedimientos de despido y amenazas de rotaciones contra 
Fiscales; la no intervención en la Asociación de Fiscales de Honduras 
por parte de las autoridades del Ministerio Público, y la definición 
de un mecanismo para garantizar a los Fiscales un salario justo y el 
ejercicio sin trabas ni riesgos para sus vidas con independencia y 
estabilidad. Estas exigencias ante la intransigencia de las 
autoridades del Ministerio Público fueron ampliadas el 10 de abril 
del 2008, solicitando la renuncia del Fiscal General y del Fiscal 
General Adjunto. Prontamente la huelga de hambre se extendió a las 
ciudades de La Ceiba, El Progreso, Santa Rosa de Copán y Toca, 
sumándose más Fiscales del Ministerio Público, Sacerdotes de la 
Iglesia Católica, Pastores de la Iglesias Evangélicas, miembros de 
organizaciones civiles y ciudadanos (as) que simpatizaban con la 
huelga de hambre.

Los orígenes de la huelga de los Fiscales, los encontramos cuando en 
el año 2004 los dos partidos políticos tradicionales negociaron 
repartirse el Ministerio Público, nombrando a través de sus bancadas 
en el Congreso Nacional y por méritos eminentemente políticos, al 
Fiscal General y al Fiscal General Adjunto, de esa manera y contrario 
a lo que establece la Ley del Ministerio Público, éste se politizó, 
se rompió su orden institucional y dejó de ser  el representante y 
defensor de la sociedad hondureña para transformarse en el 
representante y defensor de personajes ligados a actos de corrupción 
y pertenecientes a las elites políticas y económicas del país. El 
Congreso Nacional en vez de rectificar el grave error de  politizar 
el Ministerio Público, termino de agravar su situación cuando en el 
mes de junio de 2005, pretextando que existía una crisis 
institucional, nombró ultrajando la Constitución de la República y la 
Ley del Ministerio Público, a los entonces Diputados Leonidas Rosa 
Bautista y Omar Cerna, como Fiscal General y Adjunto respectivamente.

Los nombramientos efectuados por el Congreso Nacional en una supuesta 
situación de crisis, si generaron una crisis real en el Ministerio 
Público, cuando el nuevo Fiscal General Abogado Leónidas Rosa 
Bautista, inició procesos de despidos y rotaciones de Fiscales, la 
intervención de la Asociación de Fiscales de Honduras y el 
estancamiento de  casos de corrupción. A la crisis generada por el 
Fiscal General se debe de sumar la inconformidad del pueblo hondureño 
provocada por los informes de Transparencia Internacional, ubicando a 
nuestro país entre los primeros lugares de corrupción de América 
Latina, las reformas efectuadas antojadizamente por el Congreso 
Nacional a la Ley Electoral recetándose más de mil millones de 
lempiras para sufragar los gastos de los partidos políticos, el 
nombramiento ilegal efectuado por el Congreso Nacional de los 
Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública sin más 
méritos que pertenecer a los partidos políticos tradicionales, la 
reelección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos efectuada 
por el Congreso Nacional como pago de sus servicios prestados a los 
partidos políticos tradicionales, las alzas de los combustibles, 
energía eléctrica y en general el encarecimiento de la vida, todo 
ello, sin lugar a dudas, contribuyó para que la gran mayoría de la 
población y organizaciones civiles y populares apoyara decididamente 
la huelga de hambre de los Fiscales, como una lucha cívica, justa y 
reivindicadora de la dignidad de un pueblo cansado y abatido por la 
corrupción y los políticos tradicionales.

El Libertador en su entrega del mes de abril de 2008 y antes de que 
se produjera la huelga de hambre de los Fiscales, se adelantó a los 
acontecimientos al informar sobre el despido del Fiscal Jari Dixon, 
de algunos casos de corrupción enga-vetados en el Ministerio Público, 
de la creación de una paralela a la Asociación de Fiscales de 
Honduras y de la reelección del Comisionado Nacional de los Derechos 
Humanos.

ENTRE LOS LOGROS ALCANZADOS POR LA HUELGA DE HAMBRE DE LOS FISCALES 
POR SU IMPORTANCIA CABEN DESTACAR LOS SIGUIENTES: 

- Demostraron, que la población y las organizaciones populares y 
civiles al momento de reclamar justicia y el combate a la corrupción, 
se pueden organizar para protestar y exigir pacífica y solidariamente 
a los poderes económicos y políticos del país, el respeto y 
cumplimiento de sus legítimos derechos. 

-Quedó en evidencia que es necesario e impostergable  despolitizar y 
reorganizar el Ministerio Público para transformarlo en el verdadero 
representante y defensor de la sociedad hondureña.

-Comprobó que para prevenir, erradicar y sancionar la corrupción, la 
impunidad, la delincuencia y la inseguridad la población debe de 
recuperar el Congreso Nacional eligiendo como Diputados(as) a los 
mejores hombres y mujeres, caso contrario la violencia, la miseria y 
la corrupción nos  continuarán alejando  cada día más de la 
posibilidad de construir un verdadero Estado de derecho, con 
desarrollo, paz y democracia.

-Dejó en evidencia que la mayoría de los Diputados(as) del actual 
Congreso Nacional son los primeros en desconocer y ultrajar la 
Constitución de la República y las leyes, al momento de nombrar a los 
altos funcionarios del Estado, que no cuentan con la capacidad 
necesaria para resolver los conflictos en que intervienen y que 
actúan negligentemente al momento de cumplir con sus atribuciones y 
muy especialmente al momento de aprobar o improbar la conducta 
administrativa de losa funcionarios de los entes gubernamentales.

- Puso de manifiesto que son muy pocos los medios de comunicación del 
país que cumplen con el deber de informar de manera objetiva para 
orientar a la población y que dependiendo  de la conveniencia del 
medio de comunicación, se calla o tergiversa la noticia.

- Comprobó una vez más que el recién reelecto Comisionado Nacional de 
los Derechos Humanos Doctor Ramón Custodio López, fue uno de los 
artífices de la politización y descalabro del Ministerio Público en 
el año 2004, por consiguiente su intervención en la solución de los 
problemas del Ministerio Público no es conveniente ni aconsejable.

-Creación de una nueva organización popular denominada Movimiento 
Amplio por la Dignidad y la Justicia, con carácter permanente, sin 
credo religioso ni político partidista y con funciones para recuperar 
la institucionalidad del Ministerio Público, incidir en la elección 
de las altas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal 
Superior de Cuentas  y Ministerio Público, definir estrategias para 
vigilar el funcionamiento de las autoridades de las instituciones 
públicas vinculadas al sector justicia y luchar contra la corrupción 
y por una Honduras digna y justa.

RETOS PARA LOS FISCALES EN HUELGA DE HAMBRE Y LAS PERSONAS Y 
ORGANIZACIONES QUE LOS ACOMPAÑARON.

En la  Constitución de la República y la Ley del Ministerio Público, 
se encuentran las normas legales aplicables para que el Congreso 
Nacional apruebe o impruebe  la conducta  del Fiscal General y del 
Adjunto, y en ese sentido están sujetos para que en cualquier momento 
puedan ser interpelados y de resultar que ha existido algún tipo de 
responsabilidad civil, penal o administrativa en el desempeño de sus 
cargos, el Congreso Nacional, así como los nombró también  legalmente 
los puede suspender o separar de sus cargos.

La Junta Directiva del Congreso Nacional, desde un inicio de la 
huelga de hambre de los Fiscales, tratando de evadir su 
responsabilidad y para hacer fracasar la huelga, siempre mantuvo 
contrario a lo ordenado en la Constitución de la República y la Ley 
de Ministerio Público, que el Congreso Nacional no podía suspender ni 
separar al Fiscal General y al Adjunto. Como los Fiscales no 
desistieron de su justo, popular y patriótico reclamo, la Junta 
Directiva del Congreso Nacional trató de trasladar el problema al 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y al Consejo Nacional 
Anticorrupción, medida que también fue rechazada por los Fiscales en 
protesta. Como segunda propuesta la Junta Directiva del Congreso 
Nacional propuso la creación de una Comisión de Notables y otra 
Comisión Técnico Jurídica encargada de evaluar los expedientes 
relacionados con casos de corrupción, propuesta que tampoco fue 
aceptado en principio por los Fiscales en protesta. Ante esta 
negativa, de manera desesperada, descabellada e irrazonable, la Junta 
Directiva del Congreso Nacional propuso que el caso fuera sometido a 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de 
Estados Americanos (OEA); propuesta que provocó el rechazo popular y 
de los Fiscales en huelga de hambre. Posteriormente, el Poder 
Ejecutivo propuso reformar  el artículo 25 de la Ley de Ministerio 
Público para establecer el procedimiento legal que permitiera la 
separación del Fiscal General y del Adjunto, reforma que era 
innecesaria si se considera que la Constitución de la República y la 
Ley del Ministerio Público contienen las disposiciones legales 
necesarias para separarlos, interpelarlos y hasta cancelarlos. 

La reforma del artículo 25 del Ministerio Público fue hecha por el 
Congreso Nacional y al mismo tiempo nombró una Comisión Especial 
integrada por tres Diputados Profesionales del Derecho que se 
encargarían en un término no mayor de diez días de examinar, si las 
denuncias interpuestas contra el Fiscal General y el Adjunto reunían 
los requisitos de ley, sin analizar el fondo de las mismas, por ser 
ésta una atribución de la Comisión de Notables y de la Comisión 
Técnico Jurídica. 

La Comisión integrada por los tres Diputados Profesionales del 
Derecho en vez de  examinar únicamente si la denuncias reunían los 
requisitos legales, se han dedicado a entrevistar  a los Fiscales que 
tienen a su cargo los casos denunciados dejando  transcurrir los diez 
días para presentar su informe, por lo que el Congreso Nacional les 
ha conferido un nuevo término de ocho días hábiles.

Al examinar todos los hechos anteriores, se deduce que el Congreso 
Nacional pudo ponerle fin al día siguiente que se instaló la huelga 
de hambre de los Fiscales, pero como el propósito es de que no se 
efectúen las investigación de los hechos y casos graves de corrupción 
denunciados por los Fiscales en protesta y personas particulares, el 
Congreso Nacional seguirá dándole dilatorias a la crisis del 
Ministerio Público en perjuicio de los intereses de la sociedad 
hondureña. Lo más probable es que el actual Fiscal General y el 
Adjunto continúen en sus cargos durante los pocos meses que les 
restan para que terminen sus funciones, lo que representa el primer 
reto que tendrá que enfrentar  el Movimiento Amplio por la Dignidad y 
la Justicia que han integrado los Fiscales que estuvieron en huelga 
de hambre por largos treinta y ocho días.

El otro reto del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, lo 
representa su propio fortalecimiento y consolidación. La respuesta 
masiva, comprometida y solidaria de la población y de las 
organizaciones de todo tipo que acompañaron a los Fiscales en su 
huelga de hambre, representa una oportunidad que no hay que 
desperdiciar para conformar un movimiento que aglutine a todos los 
sectores de la sociedad hondureña sin distinguidos de credos 
políticos o religiosos, con fuerza legal, moral y popular no 
solamente para superar la crisis del Ministerio Público, sino para 
concertar la construcción de un Estado de derecho, con justicia 
independiente, democrático y con seguridad ciudadana y jurídica.



                           

                          ABOGADO MAURICIO VELASCO LAINEZ
                             Presidente Pro Justicia de Honduras.



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