ˇAtentan contra la independencia de magistrada y fiscal!

["Prensa Sin Censura" <psc.honduras@gmail.com>]

Desde el propio Estado de Honduras

¡Atentan contra la independencia de magistrada y fiscal!

Tegucigalpa.- (Prensa sin Censura PSC, domingo 25 de mayo, 2008).- La 
magistrada Tirza Flores y el fiscal Jari Dixon, ambos participantes 
de la huelga de hambre que por 38 días emprendieron en los bajos del 
Congreso Nacional junto a 50 personas en todo el país, enfrentan 
ahora la persecución de las autoridades superiores, en franca 
violación a sus derechos sociales.

Al concluir la asamblea popular realizada en los bajos del Congreso 
Nacional el sábado 24 de mayo, el fiscal Dixon reveló a PSC que su 
expediente ha sido revisado de nuevo, supuestamente a petición del 
fiscal General Leónidas Rosa Bautista, sobre quien pesan una serie de 
denuncias por irregularidades administrativas y de supuestos actos de 
corrupción en su carácter de Fiscal General de la República.

Dixon sostuvo que "sí, ya mi expediente de despido ya volvió a ser 
reactivado, abrieron el proceso a prueba y lo más seguro es que nos 
vayan a despedir, pero eso no implica que nosotros sigamos en este 
proceso de transparencia del sector justicia".

Añadió que esos son los riesgos que uno asume cuando se mete a este 
tipo de movimientos y esperamos seguir en la lucha, 
independientemente de lo que nos pueda pasar en el Ministerio 
Público.

Por su parte la abogada Tirza Flores, magistrada propietaria de la 
Corte de Apelaciones de San Pedro Sula denunció que fue citada a una 
audiencia de descargo por la Corte Suprema de Justicia con 24 horas 
de anticipación sin ponerla en conocimiento claro, de cuáles son los 
cargos que se le imputan y sin darle la posibilidad de los medios de 
defensa a que tiene derecho.

Flores señaló que "no nos estamos sustrayendo al proceso, lo que 
estamos haciendo es diciéndoles que nos sometemos al proceso pero nos 
tienen que dar las garantías de ejercer una exhaustiva defensa y de 
que se nos respeten todos nuestros derechos profesionales".

La magistrada recalcó que ella no se ha declarado en rebeldía en 
ningún momento, ya que presentó una nota expresando las razones de no 
comparecer al momento en que fue citada.

"Considero que es una represalia incluso por nuestra participación 
dentro de la Asociación de Jueces por la Democracia y por el 
ejercicio jurisdiccional independiente que hemos hecho siempre desde 
de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula", sostuvo la magistrada.

La Corte Suprema de Justicia considera que la magistrada Tirza Flores 
desobedeció una sentencia y por lo tanto debe sancionársele con 
despido, de acuerdo con la Ley sobre Justicia Constitucional.




Sin embargo la togada apuntó que ese señalamiento es "una agresión 
directa a la independencia judicial de la Corte de Apelaciones de San 
Pedro Sula".

Trascendió en medios de prensa escritos, que La Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) estaría buscando una justificación para despedir a los 
y las magistradas de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula y para 
ello les inició una investigación porque, supuestamente, no 
ejecutaron una sentencia que emitió la Sala de lo Constitucional hace 
dos años.

A los magistrados Armando Lozano Martínez, quien preside la Corte de 
Apelaciones; María Fátima Baide de Mena y Tirza Flores de López, la 
CSJ los citó para el jueves último, para que, en audiencia de 
descargo, respondieran el porqué no ejecutaron la sentencia que la 
Sala de lo Constitucional emitió a favor de Sumaya Handal, Fernando 
Enrique Almeida y Dionisio Gutiérrez Perdomo.

Sin embargo, los magistrados aseguran en una carta entregada a los 
medios de comunicación, que a través de los jueces ejecutores se 
buscaba "obtener un sobreseimiento definitivo a favor de la señora 
Handal (Sumaya) en abierta lesión e injerencia a la independencia 
jurisdiccional de la Corte de Apelaciones".

Los tres magistrados debieron de presentarse el miércoles ante el 
director de administración de personal de la CSJ, José Antonio 
Salazar, pero no acudieron argumentando que la citación la recibieron 
un día antes a las 4:20 de la tarde.

En la carta que también enviaron a Salazar reiteran que la Corte de 
Apelaciones consideró que existían indicios suficientes para seguir 
el procedimiento contra la señora Sumaya Handal y Dionisio Gutiérrez, 
para esclarecer los hechos en un juicio oral y público.

Antecedentes del caso de corrupción
El 14 de diciembre del 2004, la Fiscalía presentó requerimiento 
contra Dionisio Gutiérrez Perdomo y Sara Sumaya Handal Hawit, por los 
delitos de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio 
de la administración pública y defraudación fiscal, en su grado de 
participación de cómplices en perjuicio de la economía del Estado de 
Honduras.
En esa misma acusación, proceden contra Héctor Moisés Polanco Peña, 
José Tiburcio Polanco Peña y Merlin del Cid, por suponerlos 
responsables a título de autores de defraudación fiscal, en perjuicio 
de la economía del Estado.
A Sara Sumaya Handal Hawit se le señalaba en su condición de 
administradora de aduanas "La Mesa", por lo que debía de supervisar y 
controlar el procedimiento aduanero, permitiendo que Gutiérrez 
estuviera durante unos ocho meses asignado al canal de selectividad 
verde, despachando mercadería procedente de Panamá, sin la revisión 
física correspondiente, indica el requerimiento.
Refiere que se provocó la subvaluación de mercadería presentada por 
la agencia aduanera Polanco propiedad de los hermanos Polanco Peña, 
quienes actuaron en representación de una cadena de negocios que 
venden ropa.
El Juzgado de Letras, ordenó el sobreseimiento de los imputados el 14 
de enero del 2005, por lo que la Fiscalía y la Procuraduría 
interpusieron los recursos de apelación, por no estar conforme.
En junio de ese mismo año, la Corte de Apelaciones de san Pedro Sula, 
revocó el sobreseimiento definitivo que se dictó a favor de los 
imputados, pero los defensores interpusieron un recurso de amparo 
ante la sala de lo Constitucional, el cual fue otorgado a favor de 
Handal y Gutiérrez.
Para los magistrados sampedranos, la sala de lo Constitucional, 
"transgredió lo establecido en el artículo 63 de la Ley sobre la 
Justicia Constitucional, al no determinar con precisión la conducta a 
cumplir, con las especificaciones necesarias para su debida 
ejecución".
Explican, que "ante la sentencia omisa y ambigua de la Sala de lo 
Constitucional; la Corte de Apelaciones con fecha 17 de septiembre 
del 2007 procedió a interpretar dicha sentencia y dictar una nueva".
Señalan que con sólo la declaración de un testigo que indicaba que el 
sistema de asignación de canales de selectividad era aleatorio, "no 
era suficiente para sobreseer definitivamente, pues existían indicios 
que podían llevar a suponer que dicho sistema no estaba funcionando 
bien y que quien debía reportarlo era Gutiérrez", además que había 
una circular, donde se obligaba a la revisión física de la mercadería 
procedente de Panamá. 
Por Marvin Palacios
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Video de las Acciones realizadas en la Regional de Ministerio Público 
de San Pedro Sula. Del 5 al 9 de mayo 2008
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