Justicia de la Ley

[Marlin Oscar Ávila <marlinoscaravila@yahoo.com>]

Justicia de la Ley
Marlin Oscar Ávila

En los últimos conflictos socio políticos mucho se quiso dar  a 
entender que todos somos iguales ante la ley, la importancia del 
Estado del Derecho y  el que nadie puede estar sobre la ley. Estas 
exigencias originadas por parte de defensores de la ley, excluían 
algunas de las leyes importantes para la ciudadanía, como son los 
Códigos de ética del Profesional del Derecho; de Funcionarios y 
Empleados Judiciales;  el del Servidor Público y, el de los 
Servidores del Ministerio Público. 

La aplicación equitativa de la ley es uno de los puntos torales en la 
justicia. Al reclamar justicia se reclama la aplicación de la ley de 
manera igualitaria a todo ciudadano, sin importar su estrato social. 
Lo que se denuncia es inequidad en la aplicación del marco jurídico. 
Los gritos que exigían justicia salieron de la garganta de los que 
protestaban y reclamaban en las calles para que se pusiera fin a la 
impunidad mediante el proceso jurídico de los múltiples casos de alta 
corrupción. 

Desde luego, el pueblo medio informado estuvo en la disyuntiva de 
actuar o no  en  defensa de la ley a sabiendas de que la ley es una 
para las mayorías y otra para quienes ostentan el poder político, 
fáctico y formal. Un binomio inseparable de obligada racionalidad 
para saber si salir en defensa de una ley o en reclamo de la 
justicia. Pero ¿qué hacer cuando las instituciones creadas para hacer 
justicia son utilizadas para privar del ejercicio práctico de los 
derechos democráticos a la colectividad en beneficio de unos pocos? 
Se sabe que la justicia es el valor y fin del Derecho como tal, pero 
si este Derecho no satisface el mínimo de tolerancia el ideal de 
justicia subjetivo de una población a la cual se le aplica, éste 
Derecho debe cambiar. Lo que hay en verdad es  la construcción de un 
Derecho en mayor beneficio de ciertos grupos de poder. Sin que ello 
baste, esos grupos de poder aplican la ley siempre y cuando les 
conviene, de lo contrario la ignoran. 

Es menester entonces revisar si el Derecho establecido cumple o no 
con tal demanda de justicia social antes de reprimir e insultar, 
desde el poder político, a los protestantes por exigir equidad en su 
aplicación y mayor justicia social. 

Hace dos mil ocho años se juzgó y condenó como culpable al Dios hecho 
hombre, utilizando los veredictos de doctos en leyes romanas y hasta 
el mismo emperador romano tuvo que "lavarse las manos" por tales 
determinaciones. Se le acusó de falso profeta, de hechicero, de estar 
contra la institucionalidad, de hacer trampas y de cuantas cosas se 
les ocurrió a los aristócratas de ese tiempo. Las masas iletradas se 
lanzaron inmediatamente a su crucifixión. 

Revisar si después de este hecho 2008 años después, existe capacidad 
de distinguir entre justicia y Derecho es importante para un pueblo 
de cristianos. 

Platón, 400 años antes de la  crucifixión de Jesucristo, propuso que 
en los puestos de mando se debe llevar a los mejores hombres de la 
sociedad, a los más sabios. Seguramente este antiguo filósofo supo 
que sí se hace lo contrario, los pueblos caerían en una enorme 
pobreza, ignorancia y esclavitud. 

Lo que se comprueba ahora es que solamente si se tiene capital se 
puede tener acceso al poder, no importando si el candidato no 
distingue siquiera entre la social democracia y el comunismo, o pueda 
comprender que la paz tiene estrecha vinculación con la justicia 
social. 

Seguramente a Platón le fue imposible saber lo que pasaría en un 
sistema capitalista 20 siglos después, no obstante era sabio para 
darse cuenta de la situación en que pueblos como éste caerían. Lo 
peor del caso es que se sigue errando con la terquedad de un esclavo 
romano o de un judío creyente de fariseos y sepulcros blanqueados. 
Si debe reinar el Estado del Derecho debe ser aplicado 
universalmente, sus contenidos deben satisfacer a la población como 
un todo y dejar de ser un artículo de mercado para quienes las 
manejan y para quienes dirigen las instituciones de la investigación 
y la justicia.


18 de mayo de 2008



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