El poder paralelo de los Medios

[Felix Molina <felix_63_99@yahoo.com>]

La mediocracia, un poder que gobierna Honduras

Félix Antonio Molina/Periodista 

Las querellas contra Renato, Rossana, Melisa, Juan Carlos y Carlos 
Mauricio fueron avisos a Ferrari, Maduro y Canahuati. Estos 
empresarios de radio, televisión y periódicos son la competencia 
privada del Estado en el negocio del espectro radioeléctrico, y 
lamentablemente los periodistas son el blanco más vulnerable de una 
guerra comercial que se extiende a otros negocios.

Las acciones penales representan mensajes directos e indirectos entre 
las partes en conflicto, incluidas transnacionales de Estados Unidos 
con al menos cuatro operadores nacionales de telefonía, TV por cable, 
Internet y transmisión de datos e imágenes por banda ancha, y un 
sector del Gobierno que también tiene interés directo en este 
negocio.

Esta batalla por la defensa de los intereses particulares de los 
dueños de medios oligopólicos va dejando a los periodistas con pocas 
opciones; el silencio es una - la menos digna --, la autocensura para 
sobrevivir en el empleo es otra - dolorosa en términos profesionales -
 o resistir desde adentro en forma creativa y digna, aunque ello les 
coloque al frente de los cañones.

De este modo, la libertad de expresión no solamente está retada a 
pelearse todos los días, a cada instante, frente a las amenazas 
externas, sino también dentro de las propias salas de redacción, 
edición y producción.

Lo más grave que ha pasado con las querellas motivadas por servidores 
públicos, personalidades o personajes públicos en contra de 
periodistas o de quienes sin serlo ejercen su derecho a la libertad 
de expresión, es que éstas se convierten en una intimidación directa 
contra toda la sociedad.

En nuestro medio ha bastado que el querellante con poder o figuración 
pública se sienta difamado o calumniado por un particular, para que 
un juez admita su querella.

Es por esa situación que estamos de acuerdo que los delitos contra el 
honor sean despenalizados vía reforma del Código Penal y derivados al 
ámbito civil, pero no en la forma como lo ha planteado ante el pleno 
del Congreso Nacional el diputado Rodolfo Irías Navas, quien pretende 
crear una clase privilegiada e intocable: la de los periodistas y los 
dueños de medios.

Para la sociedad hondureña es, igualmente importante, el debate sobre 
los abusos, falta de pericia técnica y negligencia ética inexcusable 
de los periodistas en el ejercicio de la libertad de expresión y de 
los dueños de los medios emparentados con el presupuesto de la 
República, porque eso ha dejado afectadas a muchísimas personas e 
instituciones en el país.

Existe una demanda creciente, lamentablemente aplacada, para que se 
sancione la impericia y negligencia en el ejercicio de la libertad de 
expresión mediante mecanismos de autocontrol en los propios medios de 
comunicación, en los gremios a los que pertenecen los comunicadores y 
los dueños y, desde luego, con la Ley ante los delitos. Sin miedo y 
sin privilegios.

En medio de este debate, una realidad inobjetable es que la 
ciudadanía confía menos en los poderes del Estado y sus órganos de 
control democrático y más en instancias paralelas, como las iglesias 
y algunos medios de comunicación.

Lo delicado es que el vacío de institucionalidad está siendo ocupado 
progresivamente por la Asociación Nacional de Radiodifusores de 
Honduras (ANARH) y la Asociación de Dueños de Grandes Medios de 
Comunicación (AMC).

La pregunta es: ¿qué hacen los dueños de los periódicos, las 
televisoras y radioemisoras de cobertura nacional con el poder que 
han acumulado en esta era?

Estos aspectos de fondo poco o nada tratados hasta ahora en el debate 
del tema deben ser levantados, aún a riesgo de la incomprensión de 
sectores fanatizados por la cosmetología de la realidad o de la 
euforia de quienes buscan reelegirse en sus cargos como defensores de 
periodistas.

Por honestidad, esta discusión debe referir la relación comercial de 
los dueños de los medios con el Estado, específicamente la trabazón 
existente entre los negocios de periódicos, televisión, radio y otros 
servicios de telecomunicaciones con la posición política del ala 
liberal que gobierna el Ejecutivo y la otra que gobierna el Congreso 
Nacional. Los efectos de esta confrontación impactan la libertad de 
expresión y a quienes la ejercemos.

Pretender ocultar la disputa que sostienen con el Ejecutivo las 
empresas telefónicas (fijas y móviles), de radio, televisión, banda 
ancha e Internet de las corporaciones que lideran Rafael Ferrari, 
Jorge Canahuati y Ricardo Maduro, es cometer una falta grave de 
objetividad y de valentía.

En esa disputa no se vale decir que la libertad de expresión es lo 
único que está siendo violado, se vale decir que las reglas de los 
negocios y las cuotas están siendo violadas; y no se vale decir 
solamente que los avorazados quieren engullirse a Hondutel, debe 
decirse también que una familia afín al gobierno conjuntamente con 
funcionarios públicos está sobre la jugada de las telecomunicaciones.
Tenemos que conversar sobre el poder fáctico que los medios 
corporativos acumulan en un país donde falta poder a los partidos 
políticos, credibilidad a las instituciones públicas, legitimidad a 
los poderes del Estado y fuerza a la sociedad civil. Tenemos cada vez 
menos Estado y más mercado.

Debemos afrontar como sociedad la realidad de un evidente vacío de 
poder en el Estado Democrático de Derecho, que ha sido llenado 
progresivamente por instituciones jerarquizadas: las iglesias, el 
ejército y las empresas de comunicación. Así lo confirma la última 
encuesta de la Universidad de Vanderbilt, de Estados Unidos, 
divulgado en julio pasado en Tegucigalpa.

Ningún ambiente más propicio para la violación de derechos y 
garantías que un estado de verticalidad donde se ordena y obedece, 
donde se instruye y se cumple. Donde se induce y manipula.
Líneas para disparar 

Si alguna línea superior hubo desde las capitales de Washington y 
Tegucigalpa para reproducir y reiterar el reporte de El Universal 
sobre la denuncia de la Fundación Arcadia para dispararle al 
gobierno, entonces hay que reconocer que a veces a los periodistas 
les toca hacer lo que otros quieren que hagan, lo cual no es un 
descubrimiento. 

Estamos ante la situación que Tania Hermida, cineasta ecuatoriana, 
electa asambleísta nacional por Acuerdo País en Quito, llama el 
monopolio de los espacios simbólicos por los Medios de Comunicación.
A falta de partidos políticos creativos y novedosos en la oposición, 
en ausencia de instituciones públicas creíbles y confiables, sin un 
movimiento cultural que marque los símbolos de nuestra era y con un 
gobierno políticamente frágil y a ratos académicamente discapacitado 
que nos hace sentir inseguros a todos, entonces los Medios de 
Comunicación han asumido la convocatoria de lo público, el monopolio 
de lo que es interesante sobre lo que es importante. Marcan la agenda 
del país con su propia agenda comercial.

En cada medio los periodistas saben qué temas y qué fuentes están 
censuradas porque ponen en riesgo los intereses de los accionistas, 
saben de previo quién existe y quién no en términos mediáticos. Lo 
sabemos y lo sufrimos.

Dice la asambleísta ecuatoriana que "ahora es cuando la población 
debe recuperar la capacidad para crear sus propios referentes 
simbólicos, acaparados por los medios de comunicación, esto implica 
recuperar la soberanía simbólica del país, recuperar el espacio donde 
se definen los símbolos, recuperar el espacio de producción y 
reproducción de los referentes culturales propios". 

Al citar este debate político interno de los ecuatorianos, quiero 
llamar obviamente la atención hacia Honduras, donde se observa una 
tendencia clara: los medios de comunicación corporativos avanzan a 
convertirse en una entidad distinta a lo que fueron en los años 
ochentas y 90´s, con las debidas excepciones: impulsores de la 
pacificación regional, portavoces de la denuncia contra violaciones 
graves de los derechos humanos, abanderados de la reforma del Estado 
y del retorno a la civilidad.

Hoy, dispersos y diversos, fortalecidos y reagrupados, los medios de 
comunicación parecen decididos a ser un poder en sí mismo, 
constructores de los referentes nacionales, el espacio donde se 
convoca a la ciudadanía, donde se eligen a sus representantes. La 
MedioCracia. Un poder paralelo que gobierna.

Conviene, entonces, preguntar: ¿Qué harán los medios de comunicación 
con la confianza que les deposita progresivamente la población ante 
el autismo del Estado, ante el vacío de las instituciones de control, 
ante el poder que representa el presupuesto público?

¿Cómo capitalizarán políticamente los periódicos y las televisoras el 
fraccionamiento interno del Partido Liberal que estimulan al 
ridiculizar al Ejecutivo, al censurar la imagen de Mel con "los 
Patricios" y potenciar la coincidencia del Congreso Nacional con el 
Partido Nacional?

A gobernar la ruptura 

Hay evidencias de un desbalance político que se va profundizando en 
Honduras y que conduce a la ruptura. El nuevo partido es el de los 
ausentes en las urnas, pues en la última elección de 2005 ni los dos 
partidos históricos juntos reunieron siquiera la mitad de los 
electores. El ganador no obtuvo más de 23% y la oposición, que no es 
oposición, tampoco tiene más que ese porcentaje.

¿Qué haría Honduras con un presidente frágil tumbado por la prensa 
mercantil, con un Congreso convertido en Constituyente bajo el 
liderazgo de las principales cabezas de la asociación de dueños de 
medios?

El presidente Zelaya deduce que su gobierno sobrevive frente a dos 
grupos de periódicos que lo atacan "cruel y alevosamente todos los 
días", se refiere a el Heraldo - La Prensa y a La Tribuna, que 
cuestionan su mandato.

En la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Miami, Zelaya lo 
denunció como un chantaje de quienes además de vender información 
venden al Estado medicinas, armas y pertrechos para la Policía 
Nacional, servicios financieros, seguros, obras públicas y otros 
servicios.

No estamos hablando de la configuración de un poder de control 
democrático sobre el Estado para perfeccionarlo ni de un poder de 
escrutinio de las instituciones públicas para fortalecerlas con más 
transparencia y eficiencia. Ese sería el rol deseable de los medios.
De lo que estamos hablando es de un espacio de poder autárquico que 
está enviando mensajes al Presidente sobre su continuidad o su 
derribo, que perfecciona su capacidad para concertar la censura cada 
vez más, que define contenidos de las leyes en el Congreso Nacional e 
influye decisiones judiciales importantes.

Por eso en palabras del vicepresidente de la República , Elvin 
Santos, él se ha definido políticamente por un hombre que quita y 
pone presidentes en el país. Y ese hombre es un influyente dueño de 
un periódico, líder intelectual de la AMC y del Congreso de la 
República: el ingeniero Carlos Flores.

En cambio, el presidente Zelaya resume su denuncia, así: "mi 
principal problema con los medios de comunicación ha sido la Ley de 
Telecomunicaciones, pero no voy a ceder, aunque reconozco que no 
puedo contra estos grupos de poder porque son organizaciones 
salvajemente fuertes".

Agrega el Presidente: "Me han declarado una guerra mortal porque no 
les damos todo lo que piden de gratis".

Y remata: "La radio y la televisión están sudando calentura ajena 
para defender a empresarios (de periódicos) que se oponen a la 
aprobación de la Ley de Telecomunicaciones, los cuales están 
bramando, pero bramando de verdad, por billete".

Antes de haberse iniciado esta batalla política y comercial entre los 
operadores de empresas de telecomunicaciones y el Gobierno, quienes 
operan negocios de comunicación enfatizaban la libertad de prensa 
cuando sus intereses estaban en peligro.

Hoy han descubierto la importancia política de la libertad de 
expresión como derecho para defender sus negocios particulares y se 
invoca como bandera superior para la defensa de negocios 
particulares. El referente colectivo que se induce es que está en 
peligro la libertad de expresión, y casi todos los repiten como 
loros!

Antes la libertad de expresión fue tema incómodo, hasta de 
persecución de periodistas, hoy se le utiliza para hacer oposición 
política y defender la cuota en el negocio de las telecomunicaciones, 
"el negocio del futuro" como le gusta llamarlo el presidente Zelaya, 
que mantiene firme en Hondutel a su leal gerente.

Digámoslo de nuevo: los colegas periodistas querellados son el blanco 
más frágil de esta batalla por los negocios de las telecomunicaciones 
y otros servicios, que enfrenta a dueños de medios y a un sector del 
Partido Liberal en el poder. 

La querella de Marcelo Chimirri contra Carlos Mauricio, Juan Carlos, 
Melissa, Renato y Rossana es un mensaje directo a los dueños de los 
medios donde ellos trabajan, pues reconocieron en público que lo 
único que hicieron fue copiar o leer la publicación de El Universal 
de México sobre el tráfico gris en Honduras? Y no queremos ni pensar 
que el impulso y el rechazo de las querellas fue para renegociar la 
Ley de Telecomunicaciones.

Un teatro

"Le dejo a Dios la solución de este teatro", dijo la periodista 
Rossana Guevara en medio de la discusión política del tema, luego de 
la entrada de Micheletti al río revuelto, mientras otros más 
calculadores pidieron en privado que era mejor que "las aguas se 
calmen". 

Entonces, lo que padecemos son los efectos de un juego de poder en el 
que Chimirri no actúa sin el conocimiento y respaldo del Gobierno que 
envió un mensaje penalmente intimidatorio a Ferrari, Canahuati y 
Maduro. El presidente Zelaya amenaza con decir en públicos sus 
nombres en asociación a actividades ilícitas.

En el fondo no es la libertad de expresión lo que a ambos contendores 
les preocupa. A ellos les preocupa el negocio de las 
telecomunicaciones y el poder regulador de los comisionados de 
CONATEL, cuyo nombramiento es disputa adicional. El mensaje mutuo es: 
podemos llegar hasta ustedes, si insisten en avanzar contra nuestros 
intereses.

A la sociedad hondureña - sería petulancia que sólo a los periodistas 
-- le preocupa en serio la calidad de la libertad de expresión en 
medio de las batallas económicas y hay conciencia que a mayor 
debilidad del Estado mayor es el fortalecimiento de los poderes 
fácticos, incluidos los narcotraficantes, los lavadores de activos y 
los corruptos, los afanados por "el billete". 

A la ciudadanía le interesa despenalizar los delitos contra el honor, 
porque mantener las figuras de la calumnia, injuria y difamación en 
el Código Penal es decir que con los servidores públicos, las figuras 
públicas y los personajes no hay que meterse, pero al poder paralelo 
le interesa solamente proteger a periodistas y dueños en el ámbito 
civil, crear un fuero especial, una burbuja donde no caben los 
ciudadanos simples y mortales. Ese es el espíritu del anteproyecto de 
Irías Navas.

A ellos, a los contendores, les preocupa la campaña electoral, 
asegurar las candidaturas de Micheletti, Rosenthal o Rodas, porque 
equivalen a acceder al presupuesto nacional, a  influencias para 
recuperar las aportaciones. Eso importa muchísimo.
¿Qué pueden hacer los periodistas en un duelo mercantil que les ubica 
en la primera línea de fuego?

Hay que denunciar la intolerancia de los servidores públicos ante el 
escrutinio de los medios, pero hay que someter también al escrutinio 
a los medios que usan sus espacios para influir un ambiente 
privilegiado de negocios con el Estado.

Debe expresarse solidaridad ante las distintas formas de 
intimidación, es lo menos que puede hacerse, pero hay que ser 
suficientemente honestos y decirle a la población qué motiva los 
ataques legales

Felix Molina