La Justicia Produce Reconciliacion y Tolerancia

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                         La Justicia Produce
                     Reconciliación y Tolerancia
Este primer viernes de Noviembre es para el COFADEH un día 
importante: de reparación moral y de victoria cívica.
Anoche el Presidente Ricardo Maduro, en representación del Estado, 
pidió perdón a dos familias sometidas al dolor y a la indefensión 
judicial, en 1992 y 1995.
Lo hizo en cumplimiento de la sentencia condenatoria de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en San José, en el caso de Juan 
Humberto Sánchez, asesinado en julio de 1992.
También lo hizo acatando la solución amistosa convenida con la 
familia de Dixie Urbina, el Cofadeh y Cejil en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, en Abril del 2004.
En ambos casos, la sentencia condenatoria y la solución amistosa, 
obligan al Estado a pedir perdón, a investigar totalmente los hechos, 
a castigar a los responsables (soldados del ejército y agentes de la 
policía), a reparar económica y moralmente a las familias afectadas y 
a difundir las resoluciones finales de la Corte y la Comisión.
De este modo, lentamente, el Estado de Honduras va cumpliendo con la 
enorme mora de impunidad que arrastra desde 1979, con más de 200 
casos de desapariciones forzadas y asesinatos cometidos por 
funcionarios o agentes investidos de autoridad.
Anoche el Presidente Maduro reconoció la responsabilidad del Estado 
en dos casos específicos, cometidos durante el gobierno de Rafael 
Callejas y de Carlos Roberto Reina, y pidió nuestra contribución a la 
tolerancia y la reconciliación en el país.
Se mostró sinceramente respetuoso ante el dolor de doña María 
Dominga Sánchez, madre de Juan Humberto y don Miguel Urbina, padre de 
Dixie.
Nosotros le enfatizamos que la clave es la justicia, sin 
investigación de los hechos y sin castigo penal a los responsables de 
cometer las violaciones, no habrá reparación moral que produzca paz y 
reconciliación en Honduras.

Ministerio Público
Es fundamental para la solución de la crisis provocada por los 
corruptos en el Ministerio Público que, además de destituir a los 
señores Ovidio Navarro y Jaime Banegas, se apliquen las sanciones 
penales por los ilícitos en que ambos han incurrido por delegación de 
los primeros.
Exigimos el cese de la persecución visual y electrónica de los 
fiscales por parte del Centro de Informaciones Conjuntas (CEINCO) 
controlado por personal de inteligencia, así como el fin de las 
amenazas a muerte contra quienes ejercen la acción penal pública 
contra sus propios jefes.
Ante el peligro evidente, esta misma mañana hemos acudido ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitar medidas 
cautelares a favor de los fiscales Julio Núñez y Milson Salgado, y lo 
haremos a favor de todos los que sea necesario proteger.
Rechazamos la verborrea atorrante y cuartelaria de ese hombre que 
carece de la estampa de Fiscal General y que exhibe su miedo al verse 
solo y abandonado por quienes lo sentaron en una silla en la que no 
cabe.
Pedimos al poder judicial que resuelva los requerimientos fiscales 
contra el dúo Navarro-Banegas, y al Congreso Nacional y al Poder 
Ejecutivo que tomen en serio la Democracia y el Estado de Derecho.
La sociedad organizada de Honduras sí será capaz de lanzarse contra 
la ilegitimidad de los partidos que encubren y protegen a los 
corruptos, y contra las autoridades que incumplen la ley. 
La acumulación de indignación es cada vez una represa que cubrirá a 
todas las partes.
De los hechos, los hechores, ¡ni olvido ni perdón!.
COFADEH
                                  
Tegucigalpa, MDC., 5 de Noviembre de 2004