La Crisis del Ministerio Publico II parte

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 FORO CIUDADANO
 
LA CRISIS DEL MINISTERIO PÚBLICO
II PARTE
 
INTERESES, DEFORMACIONES, MANIPULACIONES Y PELIGROS
 
25 de Octubre del 2004
 
Lo que ocurre en el Ministerio Público
no es un conflicto interpersonal,
 tampoco un conflicto entre funcionarios y ex funcionarios,
menos un conflicto interpartidario
y mucho menos un conflicto ideológico.
 
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LA CRISIS DEL MINISTERIO PÚBLICO
II PARTE

 
INTERESES, DEFORMACIONES,
MANIPULACIONES Y PELIGROS

25 de Octubre del 2004
Lo que ocurre en el Ministerio Público
no es un conflicto interpersonal,
 tampoco un conflicto entre funcionarios y ex funcionarios,
menos un conflicto interpartidario
y mucho menos un conflicto ideológico.

 Es preciso detenernos a reflexionar sobre lo anterior para desvirtuar la manipulación 
que las autoridades del Ministerio Público y personas interesadas están haciendo 
sobre las dimensiones de la crisis institucional por la que atraviesa. Veamos: 

NO SE TRATA DE UN CONFLICTO INTERPERSONAL 
 
Es preciso aclarar que no se trata de un conflicto entre el actual Fiscal General y los 
Fiscales Generales anteriores, a pesar de la actitud y las declaraciones del abogado 
Ovidio Navarro, quien desde que asumió el cargo está empeñado en desacreditar lo 
que los Fiscales anteriores hicieron. En la gestión pública, y mucho más en el 
Ministerio Público, LA EVALUACIÓN de la eficiencia del desempeño; la visión y la 
inserción institucional en el proceso de modernización del Estado; la transparencia en 
la conducta; el control interno sobre los vicios de corrupción, ineficiencia y politización 
partidaria de las actuaciones; la visión defensiva de los intereses generales de la 
sociedad, y tantas otras cosas más, LE CORRESPONDE HACERLA A LA 
SOCIEDAD, QUE ES A QUIEN DEBEN RENDIR CUENTAS LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. La sociedad no espera que un funcionario llegue a emitir su opinión 
personal sobre lo que hicieron los funcionarios anteriores: espera que lleguen a 
proponer políticas institucionales, a trabajar con apego irrestricto al Estado de 
Derecho, a respetar a sus subalternos y a dejar de lado sus preferencias partidarias, 
religiosas o de cualquier otro tipo, para garantizarle a la ciudadanía que trabajarán por 
los intereses de todos y no de los pocos que cuentan con su simpatía.

NO SE TRATA DE UN CONFLICTO ENTRE UN 
EX PRESIDENTE Y LOS FISCALES GENERALES ANTERIORES

Si un ex Presidente de la República, como cualquier funcionario público, es acusado 
de actos de corrupción, es obligación del Ministerio Público y particularmente de la 
máxima autoridad del mismo, realizar todas las acciones encaminadas a lograr la 
defensa de los intereses de la sociedad y agotar todas las instancias previas HASTA 
LLEGAR A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, porque ésa es su responsabilidad y 
para eso percibe un sueldo que es pagado con los impuestos que entera la 
ciudadanía. Lo que debe asegurar un Estado de Derecho plenamente vigente, es que 
el acusado disponga de todos los medios para probar su inocencia en todas las 
instancias del proceso, y que los jueces y magistrados procedan conforme a la Ley y 
no a los intereses partidarios y mucho menos a los beneficios económicos que el 
proceso les pueda reportar.

NO SE TRATA DE UN CONFLICTO INTERPARTIDARIO 
 
La crisis del Ministerio Público no se deriva de la confrontación entre liberales y 
nacionalistas dentro o fuera del Ministerio Público. Esta institución se diferencia de las 
instituciones del poder Ejecutivo en que existe una carrera para los fiscales que ahí 
laboran, más allá de sus preferencias partidarias, lo cual, por lo demás, es un derecho 
constitucional. Tales fiscales entraron al Ministerio Público por sus méritos personales 
y a través de concurso, al margen de las deformaciones que pudieron haberse 
producido y que constituyen la excepción y no la regla. La función de un Fiscal General 
en el Ministerio Público NO ES DESPEDIR FISCALES PORQUE SEAN DE UN 
PARTIDO DIFERENTE AL SUYO o porque crea que le tienen animadversión; y 
menos, despedirlos sin seguir el proceso administrativo que garantiza su derecho de 
defensa ante el Consejo de Personal, presidido por el Fiscal General Adjunto. Si bien 
el Fiscal General tiene el derecho a nombrar su equipo de colaboradores en puestos 
clave en la punta de la estructura piramidal (los puestos ?de confianza?), está obligado 
a respetar la carrera fiscal, los méritos y la ley, para los ascensos, nombramientos, 
despidos y rotaciones de los fiscales de carrera.

Desafortunadamente para la sociedad hondureña, el Fiscal General se nombra en el 
Congreso Nacional, como producto de un arreglo político entre liberales y 
nacionalistas; pero eso no quiere decir que el Fiscal General representa al partido 
político al que pertenece y mucho menos que él posea activistas y simpatizantes de 
partido que estén dispuestos a movilizarse en su apoyo, porque NO SE TRATA DE UN 
PUESTO DE ELECCIÓN POPULAR. Por eso llama poderosamente la atención que el 
Fiscal General haya recibido el apoyo de un grupo de personas que llegaron hasta el 
Ministerio Público en autobuses especiales, sin saber para qué los llevaron y diciendo 
que los habían enviado de una institución del Estado, lo que obliga a realizar una 
investigación especial para saber de qué institución están movilizando activistas 
políticos, a fin de deducir las responsabilidades del caso (habría que pedirle cuentas al 
Presidente de la República para saber qué está pasando en su Gabinete de Gobierno).

NO SE TRATA DE UN CONFLICTO IDEOLÓGICO 
 
Los fiscales de carrera son profesionales del Derecho que se merecen el más alto 
respeto por su trabajo, al margen de las discrepancias personales o de cualquier otro 
tipo que pudieran tener las autoridades o los ciudadanos en contra de algunos de ellos. 
Por eso resulta sumamente preocupante LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE 
GUERRA FRÍA, desfasadas, extemporáneas, ofensivas a la inteligencia e 
irrespetuosas de la dignidad de los fiscales, como el hecho anunciado por el propio 
Fiscal General, de que tiene grabaciones de conversaciones de los fiscales, lo que nos 
recuerda viejas prácticas ilegales de los servicios militares de inteligencia, de grabar 
las conversaciones privadas de los ciudadanos, sin que mediara para ello orden de 
ningún juez. Lo anterior resulta más preocupante por cuanto ocurre en el Ministerio 
Público, una institución obligada por naturaleza a respetar la ley y la vigencia del 
Estado de Derecho.

Otra acción igualmente preocupante fue el anuncio realizado por el propio Director de 
Fiscales, que había que desalojar el edificio del Ministerio Público por el rumor de que 
habían colocado una bomba. El hecho revela tres cosas que es preciso destacar: a) el 
absurdo de creer que alguien pudo colocar una bomba en un edificio que tiene 
medidas de seguridad y que, además, estaba ?tomado? por la Policía desde el día 
anterior (habría que pedirle cuentas al Secretario de Seguridad por la ineficiencia o la 
complicidad de los policías asignados); b) el anuncio de que la bomba estaba 
compuesta a base de C 4, un explosivo de uso militar y de difícil acceso civil (habría 
que pedirle cuentas al Secretario de Defensa sobre la fuga de estos explosivos) y c) el 
intento de colocar artificialmente el tema del terrorismo para desviar la atención sobre 
la crisis institucional del Ministerio Público e indisponer a la cooperación internacional, 
particularmente al G 17, incluidos los Estados Unidos, contra los fiscales, a quienes 
intentaron convertir en enemigos del Estado, en el viejo estilo de la Doctrina de la 
Seguridad Nacional implantada en la tenebrosa década de los años ochentas.

¿QUÉ CONFLICTO SUBYACE
EN LA CRISIS INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO?

Lo que significa esta crisis, cuya esencia intentan ocultar y deformar las autoridades 
del Ministerio Público, es LA LUCHA FRONTAL ENTRE LOS QUE ESTÁN A FAVOR 
DE LOS CORRUPTOS Y LOS QUE ESTÁN EN CONTRA DE LOS CORRUPTOS, sin 
lugar a dudas. De ahí que la iniciativa autoritaria contra los fiscales se constituya en 
una acción contra los intereses generales de la sociedad, a los que el Ministerio 
Público está obligado a defender. Por ello, la lucha que libran los fiscales con una gran 
dignidad y el luto que pregonan por la muerte del Ministerio Público como defensor de 
la sociedad y por la muerte del Estado de Derecho, debe ser una lucha de los 
diferentes sectores de la sociedad.

EL FORO CIUDADANO

PLANTEA LAS SIGUIENTES PREOCUPACIONES

¿SE ESTÁN MODIFICANDO LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y LOS 
PROCEDIMIENTOS LEGALES PARA EXCUSARSE en el Ministerio Público, cuando 
al excusarse el Fiscal General, quien le sustituye es el Director de fiscales y una fiscal 
que presenta los desistimientos en representación exclusiva del Fiscal General, y no el 
segundo en la línea de mando, que es el Fiscal General Adjunto? 
¿Existe algún arreglo político entre las MÁXIMAS AUTORIDADES DEL SISTEMA DE 
JUSTICIA (Poder Judicial, Ministerio Público y Secretaría de Seguridad) para que no 
continúen los juicios por corrupción y que le caiga al Ministerio Público la vergüenza de 
ser quien cargue con la iniciativa? 
¿Existe algún arreglo subterráneo entre DIRIGENTES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS LIBERAL Y NACIONAL para no continuar juicios contra nacionalistas, a 
cambio de que no se inicien juicios contra liberales, por actos de corrupción que se 
produjeron mientras fueron altos funcionarios del Estado? 
¿EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA O LA MÁXIMA AUTORIDAD DE SU PARTIDO 
han ordenado al Fiscal General, al Director de Fiscales y demás empleados de 
confianza, la subordinación del Ministerio Público a los intereses partidarios o es una 
iniciativa propia de las autoridades señaladas para expresar su agradecimiento al 
poder político? 
¿Tienen algo que ver LOS PRESIDENTES DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO 
con la decisión de que el Ministerio Público desista de continuar con los casos de 
corrupción? 
La iniciativa de revivir la guerra fría y crear artificialmente la iniciativa terrorista en 
nuestro país ¿es una iniciativa autónoma de las altas autoridades del Ministerio 
Público, es un aporte de los nuevos asesores del Fiscal General, del Director de 
Fiscales, de la Policía, de los militares O DE TODOS ELLOS? 
¿Hasta cuándo SEGUIRÁ INDIFERENTE EL CONGRESO NACIONAL, que es la 
máxima representación de los intereses de la sociedad y que fue quien eligió a las 
nuevas autoridades del Ministerio Público, ante la crisis institucional que evidencia la 
lucha entre los que están a favor de la corrupción y los que están en contra? ¿DE QUÉ 
LADO ESTÁN NUESTROS DIPUTADOS? ¿QUÉ HARÁ EL PRESIDENTE DEL 
CONGRESO NACIONAL AL RESPECTO? 
 
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