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Re: Que pasa en el Ministerio Publico
Leticia Salomon:
Lei su articulo, y como en muchos casos legales lo que uno quisiera
que fuese no lo es porque la Ley tiene un sentido, y es garantizar la
presuncion de inocencia y el justo proceso. La Fiscalia NUNCA debio
solicitar un amparo sobre un tema ya juzgado por la CSJ. Como puede
ser que si la CSJ resolvio sobre la legitimidad de el y las jueces que
emitieron el fallo, ademas despues de annos de abandono po el MP,
basados ademas los miembros de la CSJ en una resolucion del Congreso
Nacional que reconocio la presentacion voluntaria y la juridiccion de
las y los jueces al resolver en 2003 "que no se procedia al fomacion
de causa en contra de RLC " en virtud que se habia presentado
voluntariamente ante el Juzgado 1 de Letras de Lo Criminal. El MP
actuo anti juridicamente al pretender en su recurso que quien juzgara
fuese un juez magistrado, que es el fondo del amparo y no otro. Da, y
se quiere dar, la impresion en el debate que lo que se ha hecho es que
no se continuan acciones legale! s.No , en
absoluto, lo que el MP no desea es que se cumpla un mandato del
Congreso Nacional que reconoce la instancia del Juzgado de Letras de
lo Criminal.A Usted le puede parecer o no una sentencia de juez
competente, pero al MP no!!!!. Debe de respetar la institucionalidad
del sistema. El recurso de amparo fue , es y sera una aberrcion
juridica, mas aun viola el Articulo 94 de la Constiticion de La
Republica que establece que nadie, nadie puede ser juzgado dos veces
por el mismo asunto .
El reclamo de la Sociedad Civil debio darse en dos instancias ,primero
cuando resolvio el Congreso sobre la formacion de causa y la
legitimidad de la presentacion voluntaria ante El Juzgado Primero de
Letras de lo Criminal, presentando un recurso de amparo para evitar la
accion de El Congreso Nacional, o , segundo,cuando el Fiscal anterior
presento por causas similares desestimientos en otros casos, que
evidentemente eran del conocimiento de los acuales Fiscales que ahora
reclaman. ?Adonde estaban? Que les paso que eticamente no elevaron en
ese momento su voz de protesta!!!! Ciegos, Sordos y Mudos ayer!!! O
nos van a decir que no se dieron cuenta!!! !!! Y estos son los
Paladines de hoy!!!! NO nos confundamos.!! Es evidente que todo este
tema es para retomar acciones politicas y no eticas!!! Que pena!!!
*****
Leticia Salomón <lsalomon30@hotmail.com> wrote:
FORO CIUDADANO
¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN EL MINISTERIO PÚBLICO?
21 de octubre del 2004
A diez años de creación del Ministerio Público, precisamente en las
postrimerías del gobierno del ex Presidente Rafael Leonardo Callejas
(1990-1994), ha aflorado una CRISIS INSTITUCIONAL relacionada con dos
hechos puntuales: la decisión de una autoridad del Ministerio Público
- el Director de Fiscales, con el aval del Fiscal General de la
República- de desistir de los recursos presentados en los casos de
corrupción, entre los cuales se encuentran los seis casos de
sobreseimiento dictados por un juez a favor del ex Presidente Rafael
Leonardo Callejas, al inicio de la administración del Presidente
Ricardo Maduro (2002-2006), y el cuestionamiento a tal decisión
realizado por el Presidente de la Asociación de Fiscales, Jari Dixon,
en representación del gremio que lo eligió, el cual queda resumido y
expresado en la aseveración con que planteó la reacción de los
fiscales: "NOS DA VERGÜENZA".
El escándalo que se ha desatado en torno al Ministerio Público es la
exteriorización de un problema que SE VIENE GESTANDO DESDE QUE
ASUMIERON LAS NUEVAS AUTORIDADES de dicho Ministerio en marzo del
presente año. Una mezcla preocupante de desconocimiento, deformación,
anquilosamiento, desubicación, atraso, autoritarismo, improvisación,
prepotencia y FUERTES RUMORES DE ABUSO DE AUTORIDAD, entre otros
problemas, tenían alarmados a muchos fiscales de carrera, al punto de
considerar la posibilidad de un retiro institucional.
La decisión tomada por esa autoridad del Ministerio Público ha sido
una DECISIÓN AUTORITARIA, INADECUADA, INCORRECTA Y POCO REFLEXIVA,
que
deja muy mal al Ministerio Público y al país ante un contexto regional
e internacional de lucha contra la corrupción y castigo a los ex
funcionarios que se han enriquecido a costa de sus cargos. Pero, sobre
todo, es una decisión que DEJA MUY MAL AL MINISTERIO PÚBLICO ANTE LA
SOCIEDAD, cuyos intereses debe representar por mandato legislativo, y
desnaturaliza su función de protegerla y defenderla de los abusos que
cometan funcionarios y ex funcionarios públicos expresados en actos de
corrupción.
Por ello, la decisión de los fiscales de discrepar de una decisión
como ésa, REIVINDICA AL MINISTERIO PÚBLICO ANTE LA SOCIEDAD y dice
mucho del profesionalismo, de la valentía y del compromiso
institucional de los que se atrevieron a cuestionar el esquema
autoritario vigente hoy en día en el Ministerio Público.
Lo inaudito y preocupante de esta crisis es la forma en que el Fiscal
General de la República cree que se puede solucionar la misma, CON EL
VIEJO ESTILO MILITAR, con rotaciones forzadas que son despidos
indirectos y con destitución de los fiscales que han cuestionado los
desistimientos de los recursos y que se han pronunciado en contra de
tales decisiones, bajo el argumento autoritario de que no va a
permitir el desorden en la institución.
EL MINISTERIO PÚBLICO:
¿UN APÉNDICE DEL GOBIERNO O DEL PARTIDO DE GOBIERNO?
Desde la finalización de la guerra fría y de la crisis
centroamericana, nuevos aires de modernización y democratización
recorren la región y el país. De manera gradual pero creciente, fue
estructurándose un nuevo pensamiento y un nuevo lenguaje que pretendía
y pretende dar cuenta de los fenómenos que están ocurriendo en el
mundo. Uno de ellos se refiere a la necesidad de una JUSTICIA
INDEPENDIENTE DE LOS PODERES FÁCTICOS, particularmente de los partidos
políticos, y la necesidad de fortalecer la transparencia en el
desempeño de los servidores públicos.
Este parece ser un PELIGROSO PUNTO DE RETROCESO en el Ministerio
Público con las nuevas autoridades. Da la impresión que rápidamente se
pusieron "a las órdenes" del Presidente de la República y del propio
partido de gobierno, sacrificando la autonomía que es inherente a una
institución como el Ministerio Público. Da la impresión también que
sus autoridades no tienen mayor conocimiento acerca de lo que es y
debe ser una institución como la que dirigen, al grado que el mismo
Fiscal General Adjunto, marginado o auto marginado del quehacer
institucional, ha preferido dedicar su entusiasmo al Colegio
Profesional al que pertenece, a pesar de que recibe un sueldo como
servidor público, que es pagado con los impuestos que enteramos los
ciudadanos y ciudadanas de este país.
Resulta CURIOSA E IGUALMENTE PELIGROSA, la forma posesiva en que el
Presidente de la República se refiere al Ministerio Público, como si
fuera una Secretaría más del Estado, lo que nos envía un doble
mensaje: ni el Presidente respeta la autonomía inherente al Ministerio
Público, quizás por desconocimiento, ni la máxima autoridad de esta
institución se da a respetar, quizás por un malentendido
agradecimiento hacia quien impulsó su candidatura.
De todas maneras, la decisión tomada y apoyada al más alto nivel del
Ministerio Público ha quedado evidenciada como una acción encaminada a
favorecer la posición del ex Presidente Callejas, situación que se
complementa con el hecho de que el actual Fiscal General fue en el
pasado abogado defensor del mencionado ex Presidente. Las posiciones
parecen estar muy claras en el Ministerio Público: Por un lado, EL
FISCAL GENERAL con su equipo más cercano, dentro del que destaca el
Director de Fiscales, quien parece ser el ejecutor directo de las
decisiones denunciadas; la ASOCIACIÓN DE FISCALES, como expresión de
la incomodidad y preocupación que han generado las nuevas autoridades
en torno al quehacer del Ministerio Público; el FISCAL GENERAL
ADJUNTO, que no tiene idea de lo que está pasando; y UN PEQUEÑO GRUPO
DE FISCALES desubicados, ingenuos, desconectados de la realidad y sus
peligros, manipulados y/o con una peligrosa cercanía a las altas
esferas de poder en el Ministerio Público.
LA VERTICALIDAD DEL MANDO
Un principio esencial del autoritarismo es el incuestionable ejercicio
de una autoridad que viene de arriba y la cual se espera QUE SE CUMPLA
SIN OBJECIONES en los niveles inferiores. Lo mismo sucedió en la época
en que los militares fueron el centro del sistema de poder, cuando
algunos de los que fueron acusados de violar los derechos humanos
intentaban defenderse argumentando que HABÍAN RECIBIDO ÓRDENES
SUPERIORES, por el deformado concepto de la obediencia debida.
Los juicios que se libraron por este concepto contra muchos militares
en América Latina colocaron en primer plano la idea de que NADIE ESTÁ
OBLIGADO A OBEDECER ÓRDENES ILEGALES, por el riesgo de convertirse en
cómplices de la autoridad, situación que, trasladada al Ministerio
Público, le concede razón a la Asociación de Fiscales para protestar,
cuestionar y rechazar una decisión como ésa, y hasta para pensar en un
flagrante ABUSO DE AUTORIDAD cometido por el Director de Fiscales, con
el aval del propio Fiscal General de la República.
La decisión tomada al más alto nivel del Ministerio Público, sin
consultar a los fiscales que luchan contra la corrupción, se retrata
como UNA DECISIÓN AUTORITARIA, VERTICAL Y EXCLUYENTE que no encaja
con
lo que debe ser el Ministerio Público y mucho menos con los cambios
que se observan en el plano nacional e internacional.
Otro principio que rige al autoritarismo es la posición maniquea de
decir que los que cuestionan una orden o una decisión, QUIEREN
DESESTABILIZAR LA INSTITUCIÓN, y los que callan, otorgan y mantienen
la reserva, son los que expresan un mayor nivel de compromiso y
lealtad. En el pasado autoritario, esto se traducía en la repetición
de que los críticos eran los desestabilizadores del sistema y hasta se
les tildaba fácilmente de comunistas; inclusive se acuñó una expresión
que retrata de cuerpo entero al autoritarismo y LA FALTA DE
TRANSPARENCIA EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: "Los trapos sucios se
lavan en casa".
¿INSUBORDINACIÓN DE LOS FISCALES
U OBLIGACIÓN PROFESIONAL?
La respuesta de los fiscales a la decisión del Fiscal General no
constituye un acto de insubordinación ante la máxima autoridad del
Ministerio Público. Es una obligación profesional ante los cambios de
la cúspide institucional que ocurren cada cinco años, porque ELLOS
CONSTITUYEN LA ESENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO, son los que conocen su
trabajo, son los profesionales que han logrado acumular una
experiencia valiosa en el ejercicio cotidiano de su función de
defender los intereses de la sociedad; en cambio, las autoridades que
llegan desde afuera, tienen un conocimiento lejano, externo y
FUERTEMENTE INFLUIDO POR SU EXPERIENCIA PREVIA, lo que les estimula
una visión deformada del Ministerio Público desde la Corte Suprema de
Justicia, desde la Policía o desde el ejercicio privado de la
profesión.
El papel de los fiscales ante las autoridades es y debe ser DE
CONTRAPESO PROFESIONAL Y DE VIGILANCIA DEL DESEMPEÑO; por ello,
deben
asumir un papel más dinámico y comprometido ante el proceso en el que
interactúan fiscales y autoridades del Ministerio Público, fijar
posiciones en torno a temas puntuales y controlar la discrecionalidad,
la interferencia y la utilización de los traslados verticales u
horizontales de los fiscales como premio o castigo por su GRADO DE
SUMISIÓN E INCONDICIONALIDAD HACIA LAS AUTORIDADES. Una atención
particular debe recaer sobre la Dirección de Fiscales que es la
instancia intermedia desde donde se pueden parar o mover casos que
beneficien o perjudiquen a personas con quienes pueden tener las
autoridades compromisos políticos, familiares o personales.
Es importante precisar que bajo ningún concepto se deben mal
interpretar los principios tradicionales del Ministerio Público,
referidos a LA DEPENDENCIA JERÁRQUICA Y UNIDAD DE ACTUACIONES como
principios encubridores de órdenes ilegales, pues cuando una autoridad
superior emite una orden ilegal, esos principios deben pasar a un
segundo plano.
El desistimiento de los recursos es una excepción de la regla, porque
la regla general es que todos los fiscales tienen que presentar
recursos CUANDO LAS RESOLUCIONES JUDICIALES VAN EN CONTRA DE LAS
PRETENSIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO. Con el desistimiento que se ha
decidido, lo que se ha logrado es que sea el Ministerio Público el que
cargue con la responsabilidad de no deducir las responsabilidades a un
ex Presidente, en lugar de haber sido la Corte la que resolviera el
recurso planteado.
La decisión de rotar fiscales para obligarlos a renunciar y el despido
de los que han expresado con mayor fuerza su rechazo a la decisión
tomada, porque consideran que es una gran concesión a la impunidad de
los corruptos, revela un estilo autoritario, intolerante y
antidemocrático, que PRETENDE ACABAR CON LA CRÍTICA ELIMINANDO A LOS
CRÍTICOS. El Fiscal General de la República y su Director de Fiscales
representan un verdadero retroceso en la construcción de una
institucionalidad democrática y en el fortalecimiento del Estado de
Derecho; representan ambos una verdadera amenaza a la independencia
del Ministerio Público y a la libertad de los fiscales para luchar
contra la corrupción.
¿FALTA MAYOR BELIGERANCIA
DE LOS CONTROLES EXTERNOS?
Es indudable que el Ministerio Público es pieza clave para la
aplicación de la justicia en nuestro país. Por ello hace falta una
instancia externa de control CON FUERTE PRESENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL
para vigilar los vicios de corrupción, politización partidaria,
ineficiencia y violación de derechos dentro del Ministerio Público. Es
más, esa instancia debe ejercer su función de vigilancia y control
sobre todos los operadores de justicia y constituirse en una
plataforma de exigencia de cuentas sobre su desempeño.
EL FORO CIUDADANO PLANTEA LO SIGUIENTE:
1. Es imperativo cuestionar, rechazar, denunciar y combatir el
retroceso autoritario que se produce en el Ministerio Público y
denunciar las arbitrariedades del Fiscal General y del Director de
Fiscales para imponer una disciplina cuartelaria en una institución
que, por definición, debe rechazar el autoritarismo.
2. Es importante reconocer la valentía de la Asociación de Fiscales
para expresar su vergüenza ante lo que está ocurriendo en el
Ministerio Público y excitar a sus integrantes a mantener su cohesión
ante la crisis que atraviesa la institución. Aceptar el silencio, la
intimidación y la sumisión que quieren imponerles, tiene un precio muy
alto que ellos mismos podrían pagar tarde o temprano en el ejercicio
de su trabajo.
3. Hoy, como nunca antes, el futuro institucional del Ministerio
Público, que ha sido la entidad clave del proceso de modernización del
Estado, se encuentra en manos de los fiscales y no en manos de sus
autoridades. A ellos les toca velar por el apego a la Ley Orgánica del
Ministerio Público y, lo que es más importante, por el respeto al
Estado de Derecho y la defensa de los intereses legítimos de la
sociedad hondureña.
4. Es urgente que el Fiscal General de la República rinda cuentas a la
sociedad sobre las decisiones que ha tomado y que afectan los
intereses de la sociedad, y pedirle cuentas al Congreso Nacional y a
todos aquellos que participaron en su nombramiento como máxima
autoridad del Ministerio Público.
5. Es necesario que el Congreso Nacional convoque de inmediato al
Fiscal General para que dé las explicaciones debidas por su conducta
arbitraria y, de no ser éstas satisfactorias, se discuta cuanto antes
la posibilidad de destituirlo, y también a su mano derecha, el
repudiado Director de Fiscales. De igual manera, el Congreso Nacional
deberá analizar y valorar la conducta displicente y negligente del
Fiscal General Adjunto.
6. El combate a la corrupción debe ser colocado como una prioridad del
Ministerio Público y trabajar con diligencia y empeño para borrar la
imagen de país corrupto y la vergüenza de saber que mientras en los
restantes países de Centroamérica se lucha frontalmente contra la
corrupción, con el Ministerio Público a la cabeza, aquí se hace
exactamente lo contrario.
7. Es importante darle un reconocimiento público a los fiscales
despedidos y rotados, y a todos los fiscales dignos que se resisten a
convertirse en cómplices de lo que está ocurriendo en el Ministerio
Público, y exigir la inmediata restitución de sus derechos en las
condiciones de dignidad con las que siempre han trabajado.
Por una ciudadanía informada, crítica, vigilante y propositiva
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<DIV>Leticia Salomon:</DIV>
<DIV>Lei su articulo, y como en muchos casos legales lo que uno
quisiera que fuese no lo es porque la Ley tiene un sentido, y es
garantizar la presuncion de inocencia y el justo proceso. La Fiscalia
NUNCA debio solicitar un amparo sobre un tema ya juzgado por la CSJ.
Como puede ser que si la CSJ resolvio sobre la legitimidad de el y las
jueces que emitieron el fallo, ademas despues de annos de abandono po
el MP, basados ademas los miembros de la CSJ en una resolucion del
Congreso Nacional que reconocio la presentacion voluntaria y la
juridiccion de las y los jueces al resolver en 2003 "que no se
procedia al fomacion de causa en contra de RLC " en virtud
que se habia presentado voluntariamente ante el Juzgado 1 de Letras de
Lo Criminal. El MP actuo anti juridicamente al pretender en su
recurso que quien juzgara fuese un juez magistrado, que es el fondo
del amparo y no otro. Da, y se quiere dar, la impresion en
el debate que lo que se ha hecho es ! que no se
continuan acciones legales.No , en absoluto, lo que el MP
no desea es que se cumpla un mandato del Congreso Nacional que
reconoce la instancia del Juzgado de Letras de lo Criminal.A
Usted le puede parecer o no una sentencia de juez
competente, pero al MP no!!!!. Debe de respetar la institucionalidad
del sistema. El recurso de amparo fue , es y sera una aberrcion
juridica, mas aun viola el Articulo 94 de la Constiticion
de La Republica que establece que nadie, nadie puede ser juzgado
dos veces por el mismo asunto . </DIV>
<DIV>El reclamo de la Sociedad Civil debio darse en dos instancias
,primero cuando resolvio el Congreso sobre la formacion de
causa y la legitimidad de la presentacion voluntaria ante El
Juzgado Primero de Letras de lo Criminal, presentando un recurso de
amparo para evitar la accion de El Congreso Nacional, o ,
segundo,cuando el Fiscal anterior presento por causas similares
desestimientos en otros casos, que evidentemente eran del conocimiento
de los acuales Fiscales que ahora reclaman. ?Adonde estaban? Que les
paso que eticamente no elevaron en ese momento su voz de protesta!!!!
Ciegos, Sordos y Mudos ayer!!! O nos van a decir que no se dieron
cuenta!!!</DIV> <DIV>!!! Y estos son los Paladines de
hoy!!!! </DIV> <DIV>NO nos confundamos.!! Es evidente que todo este
tema es para retomar acciones politicas y no eticas!!! Que
pena!!!<BR><BR><B><I>Leticia Salomón
<lsalomon30@hotmail.com></I></B> wrote:</DIV> <BLOCKQUOTE
class=replbq style="PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT:
#1010ff 2px solid"><BR><BR><BR>FORO CIUDADANO<BR><BR>¿QUÉ ESTÁ
PASANDO
EN EL MINISTERIO PÚBLICO?<BR><BR>21 de octubre del 2004<BR><BR>A diez
años de creación del Ministerio Público, precisamente en las
postrimerías del <BR>gobierno del ex Presidente Rafael Leonardo
Callejas (1990-1994), ha aflorado una <BR>CRISIS INSTITUCIONAL
relacionada con dos hechos puntuales: la decisión de una <BR>autoridad
del Ministerio Público - el Director de Fiscales, con el aval del
Fiscal General <BR>de la República- de desistir de los recursos
presentados en los casos de corrupción, <BR>entre los cuales se
encuentran los seis casos de sobreseimiento dictados por un juez a
<BR>favor del ex Presidente Rafael Leonardo Callejas, al inicio de la
administración del <BR>Presidente Ricardo Maduro (2002-2006), y el
cuestionamiento a tal decisión realizado <BR>por el Presidente de la
Asociación de Fiscales, Jari Dixon, en
representación del <BR>gremio que lo eligió, el cual queda resumido y
expresado en la aseveración con que <BR>planteó la reacción de los
fiscales: "NOS DA VERGÜENZA".<BR><BR>El escándalo que se ha desatado
en torno al Ministerio Público es la exteriorización de <BR>un
problema que SE VIENE GESTANDO DESDE QUE ASUMIERON LAS NUEVAS
<BR>AUTORIDADES de dicho Ministerio en marzo del presente año. Una
mezcla <BR>preocupante de desconocimiento, deformación,
anquilosamiento, desubicación, atraso, <BR>autoritarismo,
improvisación, prepotencia y FUERTES RUMORES DE ABUSO DE
<BR>AUTORIDAD, entre otros problemas, tenían alarmados a muchos
fiscales de carrera, <BR>al punto de considerar la posibilidad de un
retiro institucional.<BR><BR>La decisión tomada por esa autoridad del
Ministerio Público ha sido una DECISIÓN <BR>AUTORITARIA, INADECUADA,
INCORRECTA Y POCO REFLEXIVA, que deja muy <BR>mal al Ministerio
Público y al país ante un contexto regional e internacional de lucha
<BR>contra la corrupción y castigo a los ex funcionarios que se han
enriquecido a costa de <BR>sus cargos. Pero, sobre todo, es una
decisión que DEJA MUY MAL AL MINISTERIO <BR>PÚBLICO ANTE LA SOCIEDAD,
cuyos intereses debe representar por mandato <BR>legislativo, y
desnaturaliza su función de protegerla y defenderla de los abusos que
<BR>cometan funcionarios y ex funcionarios públicos expresados en
actos de corrupción.<BR><BR>Por ello, la decisión de los fiscales de
discrepar de una decisión como ésa, <BR>REIVINDICA AL MINISTERIO
PÚBLICO ANTE LA SOCIEDAD y dice mucho del <BR>profesionalismo, de la
valentía y del compromiso institucional de los que se atrevieron
<BR>a cuestionar el esquema autoritario vigente hoy en día en el
Ministerio Público.<BR><BR>Lo inaudito y preocupante de esta crisis
es la forma en que el Fiscal General de la <BR>República cree que se
puede solucionar la misma, CON EL VIEJO ESTILO MILITAR, <BR>con
rotaciones forzadas que son despidos indirectos y con destitución !
de los
fiscales <BR>que han cuestionado los desistimientos de los recursos y
que se han pronunciado en <BR>contra de tales decisiones, bajo el
argumento autoritario de que no va a permitir el <BR>desorden en la
institución.<BR><BR>EL MINISTERIO PÚBLICO:<BR>¿UN APÉNDICE DEL
GOBIERNO O DEL PARTIDO DE GOBIERNO?<BR><BR>Desde la finalización de
la guerra fría y de la crisis centroamericana, nuevos aires de
<BR>modernización y democratización recorren la región y el país. De
manera gradual pero <BR>creciente, fue estructurándose un nuevo
pensamiento y un nuevo lenguaje que <BR>pretendía y pretende dar
cuenta de los fenómenos que están ocurriendo en el mundo. <BR>Uno de
ellos se refiere a la necesidad de una JUSTICIA INDEPENDIENTE DE LOS
<BR>PODERES FÁCTICOS, particularmente de los partidos políticos, y la
necesidad de <BR>fortalecer la transparencia en el desempeño de los
servidores públicos.<BR><BR>Este parece ser un PELIGROSO PUNTO DE
RETROCESO en el Ministerio Público <BR>con las nue!
vas
autoridades. Da la impresión que rápidamente se pusieron "a las
<BR>órdenes" del Presidente de la República y del propio partido de
gobierno, sacrificando <BR>la autonomía que es inherente a una
institución como el Ministerio Público. Da la <BR>impresión también
que sus autoridades no tienen mayor conocimiento acerca de lo <BR>que
es y debe ser una institución como la que dirigen, al grado que el
mismo Fiscal <BR>General Adjunto, marginado o auto marginado del
quehacer institucional, ha preferido <BR>dedicar su entusiasmo al
Colegio Profesional al que pertenece, a pesar de que recibe <BR>un
sueldo como servidor público, que es pagado con los impuestos que
enteramos los <BR>ciudadanos y ciudadanas de este
país.<BR><BR>Resulta CURIOSA E IGUALMENTE PELIGROSA, la forma
posesiva en que el <BR>Presidente de la República se refiere al
Ministerio Público, como si fuera una <BR>Secretaría más del Estado,
lo que nos envía un doble mensaje: ni el Presidente <BR>respeta la
autonomía in!
herente
al Ministerio Público, quizás por desconocimiento, ni la <BR>máxima
autoridad de esta institución se da a respetar, quizás por un
malentendido <BR>agradecimiento hacia quien impulsó su
candidatura.<BR><BR>De todas maneras, la decisión tomada y apoyada al
más alto nivel del Ministerio <BR>Público ha quedado evidenciada como
una acción encaminada a favorecer la posición <BR>del ex Presidente
Callejas, situación que se complementa con el hecho de que el
<BR>actual Fiscal General fue en el pasado abogado defensor del
mencionado ex <BR>Presidente. Las posiciones parecen estar muy claras
en el Ministerio Público: Por un <BR>lado, EL FISCAL GENERAL con su
equipo más cercano, dentro del que destaca el <BR>Director de
Fiscales, quien parece ser el ejecutor directo de las decisiones
<BR>denunciadas; la ASOCIACIÓN DE FISCALES, como expresión de la
incomodidad y <BR>preocupación que han generado las nuevas
autoridades en torno al quehacer del <BR>Ministerio Público; el
FISCAL GENERAL A!
DJUNTO,
que no tiene idea de lo que está <BR>pasando; y UN PEQUEÑO GRUPO DE
FISCALES desubicados, ingenuos, <BR>desconectados de la realidad y
sus peligros, manipulados y/o con una peligrosa <BR>cercanía a las
altas esferas de poder en el Ministerio Público.<BR><BR>LA
VERTICALIDAD DEL MANDO<BR><BR>Un principio esencial del autoritarismo
es el incuestionable ejercicio de una autoridad <BR>que viene de
arriba y la cual se espera QUE SE CUMPLA SIN OBJECIONES en los
<BR>niveles inferiores. Lo mismo sucedió en la época en que los
militares fueron el centro <BR>del sistema de poder, cuando algunos
de los que fueron acusados de violar los <BR>derechos humanos
intentaban defenderse argumentando que HABÍAN RECIBIDO <BR>ÓRDENES
SUPERIORES, por el deformado concepto de la obediencia
debida.<BR><BR>Los juicios que se libraron por este concepto contra
muchos militares en América <BR>Latina colocaron en primer plano la
idea de que NADIE ESTÁ OBLIGADO A <BR>OBEDECER ÓRDENES ILEGALES,
por
el riesg!
o de
convertirse en cómplices de la <BR>autoridad, situación que,
trasladada al Ministerio Público, le concede razón a la
<BR>Asociación de Fiscales para protestar, cuestionar y rechazar una
decisión como ésa, y <BR>hasta para pensar en un flagrante ABUSO DE
AUTORIDAD cometido por el Director <BR>de Fiscales, con el aval del
propio Fiscal General de la República.<BR><BR>La decisión tomada al
más alto nivel del Ministerio Público, sin consultar a los fiscales
<BR>que luchan contra la corrupción, se retrata como UNA DECISIÓN
AUTORITARIA, <BR>VERTICAL Y EXCLUYENTE que no encaja con lo que debe
ser el Ministerio Público y <BR>mucho menos con los cambios que se
observan en el plano nacional e internacional.<BR><BR>Otro principio
que rige al autoritarismo es la posición maniquea de decir que los
que <BR>cuestionan una orden o una decisión, QUIEREN DESESTABILIZAR
LA INSTITUCIÓN, <BR>y los que callan, otorgan y mantienen la reserva,
son los que expresan un mayor nivel <BR>de compromiso y lealtad. En
el pasado autoritario, esto se traducía en la repetición de <BR>que
los críticos eran los desestabilizadores del sistema y hasta se les
tildaba <BR>fácilmente de comunistas; inclusive se acuñó una
expresión que retrata de cuerpo <BR>entero al autoritarismo y LA
FALTA DE TRANSPARENCIA EN EL DESEMPEÑO <BR>INSTITUCIONAL: "Los
trapos
sucios se lavan en casa".<BR><BR>¿INSUBORDINACIÓN DE LOS
FISCALES<BR>U OBLIGACIÓN PROFESIONAL?<BR><BR>La respuesta de los
fiscales a la decisión del Fiscal General no constituye un acto de
<BR>insubordinación ante la máxima autoridad del Ministerio Público.
Es una obligación <BR>profesional ante los cambios de la cúspide
institucional que ocurren cada cinco años, <BR>porque ELLOS
CONSTITUYEN LA ESENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO, son los <BR>que
conocen su trabajo, son los profesionales que han logrado acumular
una <BR>experiencia valiosa en el ejercicio cotidiano de su función
de defender los intereses de <BR>la sociedad; en cambio, las au!
toridades
que llegan desde afuera, tienen un <BR>conocimiento lejano, externo y
FUERTEMENTE INFLUIDO POR SU EXPERIENCIA <BR>PREVIA, lo que les
estimula una visión deformada del Ministerio Público desde la
<BR>Corte Suprema de Justicia, desde la Policía o desde el ejercicio
privado de la <BR>profesión.<BR><BR>El papel de los fiscales ante las
autoridades es y debe ser DE CONTRAPESO <BR>PROFESIONAL Y DE
VIGILANCIA DEL DESEMPEÑO; por ello, deben asumir un <BR>papel más
dinámico y comprometido ante el proceso en el que interactúan
fiscales y <BR>autoridades del Ministerio Público, fijar posiciones
en torno a temas puntuales y <BR>controlar la discrecionalidad, la
interferencia y la utilización de los traslados verticales u
<BR>horizontales de los fiscales como premio o castigo por su GRADO
DE SUMISIÓN E <BR>INCONDICIONALIDAD HACIA LAS AUTORIDADES. Una
atención particular debe <BR>recaer sobre la Dirección de Fiscales
que es la instancia intermedia desde donde se <BR>pueden parar o
mover !
casos que
beneficien o perjudiquen a personas con quienes <BR>pueden tener las
autoridades compromisos políticos, familiares o personales.<BR><BR>Es
importante precisar que bajo ningún concepto se deben mal interpretar
los <BR>principios tradicionales del Ministerio Público, referidos a
LA DEPENDENCIA <BR>JERÁRQUICA Y UNIDAD DE ACTUACIONES como
principios
encubridores de <BR>órdenes ilegales, pues cuando una autoridad
superior emite una orden ilegal, esos <BR>principios deben pasar a un
segundo plano. <BR><BR>El desistimiento de los recursos es una
excepción de la regla, porque la regla general <BR>es que todos los
fiscales tienen que presentar recursos CUANDO LAS <BR>RESOLUCIONES
JUDICIALES VAN EN CONTRA DE LAS PRETENSIONES DEL <BR>MINISTERIO
PÚBLICO. Con el desistimiento que se ha decidido, lo que se ha
logrado <BR>es que sea el Ministerio Público el que cargue con la
responsabilidad de no deducir las <BR>responsabilidades a un ex
Presidente, en lugar de haber sido la Corte la que resolviera <BR>el
recurso planteado.<BR><BR>La decisión de rotar fiscales para
obligarlos a renunciar y el despido de los que han <BR>expresado con
mayor fuerza su rechazo a la decisión tomada, porque consideran que
<BR>es una gran concesión a la impunidad de los corruptos, revela un
estilo autoritario, <BR>intolerante y antidemocrático, que PRETENDE
ACABAR CON LA CRÍTICA <BR>ELIMINANDO A LOS CRÍTICOS. El Fiscal
General de la República y su Director de <BR>Fiscales representan un
verdadero retroceso en la construcción de una <BR>institucionalidad
democrática y en el fortalecimiento del Estado de Derecho;
<BR>representan ambos una verdadera amenaza a la independencia del
Ministerio Público <BR>y a la libertad de los fiscales para luchar
contra la corrupción.<BR><BR>¿FALTA MAYOR BELIGERANCIA<BR>DE LOS
CONTROLES EXTERNOS?<BR><BR>Es indudable que el Ministerio Público es
pieza clave para la aplicación de la justicia en <BR>nuestro país.
Por ello hace falta una instancia externa! de control CON FUERTE
<BR>PRESENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL para vigilar los vicios de
corrupción, politización <BR>partidaria, ineficiencia y violación de
derechos dentro del Ministerio Público. Es más, <BR>esa instancia
debe ejercer su función de vigilancia y control sobre todos los
<BR>operadores de justicia y constituirse en una plataforma de
exigencia de cuentas sobre <BR>su desempeño.<BR><BR>EL FORO CIUDADANO
PLANTEA LO SIGUIENTE: <BR><BR>1. Es imperativo cuestionar, rechazar,
denunciar y combatir el retroceso <BR>autoritario que se produce en
el Ministerio Público y denunciar las arbitrariedades del <BR>Fiscal
General y del Director de Fiscales para imponer una disciplina
cuartelaria en <BR>una institución que, por definición, debe rechazar
el autoritarismo.<BR><BR>2. Es importante reconocer la valentía de la
Asociación de Fiscales para <BR>expresar su vergüenza ante lo que
está ocurriendo en el Ministerio Público y excitar a <BR>sus
integrantes a mantener su cohesión ante! la crisis que atraviesa la
institución. <BR>Aceptar el silencio, la intimidación y la sumisión
que quieren imponerles, tiene un <BR>precio muy alto que ellos mismos
podrían pagar tarde o temprano en el ejercicio de su
<BR>trabajo.<BR><BR>3. Hoy, como nunca antes, el futuro institucional
del Ministerio Público, que ha <BR>sido la entidad clave del proceso
de modernización del Estado, se encuentra en manos <BR>de los
fiscales y no en manos de sus autoridades. A ellos les toca velar por
el apego a <BR>la Ley Orgánica del Ministerio Público y, lo que es
más importante, por el respeto al <BR>Estado de Derecho y la defensa
de los intereses legítimos de la sociedad hondureña. <BR><BR>4. Es
urgente que el Fiscal General de la República rinda cuentas a la
sociedad <BR>sobre las decisiones que ha tomado y que afectan los
intereses de la sociedad, y <BR>pedirle cuentas al Congreso Nacional
y a todos aquellos que participaron en su <BR>nombramiento como
máxima autoridad del Ministerio Público.<BR><BR>5. Es necesario que
el Congreso Nacional convoque de inmediato al Fiscal <BR>General para
que dé las explicaciones debidas por su conducta arbitraria y, de no
ser <BR>éstas satisfactorias, se discuta cuanto antes la posibilidad
de destituirlo, y también a su <BR>mano derecha, el repudiado
Director de Fiscales. De igual manera, el Congreso <BR>Nacional
deberá analizar y valorar la conducta displicente y negligente del
Fiscal <BR>General Adjunto.<BR><BR>6. El combate a la corrupción debe
ser colocado como una prioridad del <BR>Ministerio Público y trabajar
con diligencia y empeño para borrar la imagen de país <BR>corrupto y
la vergüenza de saber que mientras en los restantes países de
<BR>Centroamérica se lucha frontalmente contra la corrupción, con el
Ministerio Público a <BR>la cabeza, aquí se hace exactamente lo
contrario.<BR><BR>7. Es importante darle un reconocimiento público a
los fiscales despedidos y <BR>rotados, y a todos los fiscales dignos
que se re!
sisten a
convertirse en cómplices de lo <BR>que está ocurriendo en el
Ministerio Público, y exigir la inmediata restitución de sus
<BR>derechos en las condiciones de dignidad con las que siempre han
trabajado.<BR><BR>Por una ciudadanía informada, crítica, vigilante y
propositiva<BR><BR><BR></BLOCKQUOTE><p>
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