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Que pasa en el Ministerio Publico?
FORO CIUDADANO
¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN EL MINISTERIO PÚBLICO?
21 de octubre del 2004
A diez años de creación del Ministerio Público, precisamente en las postrimerías del
gobierno del ex Presidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), ha aflorado una
CRISIS INSTITUCIONAL relacionada con dos hechos puntuales: la decisión de una
autoridad del Ministerio Público - el Director de Fiscales, con el aval del Fiscal General
de la República- de desistir de los recursos presentados en los casos de corrupción,
entre los cuales se encuentran los seis casos de sobreseimiento dictados por un juez a
favor del ex Presidente Rafael Leonardo Callejas, al inicio de la administración del
Presidente Ricardo Maduro (2002-2006), y el cuestionamiento a tal decisión realizado
por el Presidente de la Asociación de Fiscales, Jari Dixon, en representación del
gremio que lo eligió, el cual queda resumido y expresado en la aseveración con que
planteó la reacción de los fiscales: "NOS DA VERGÜENZA".
El escándalo que se ha desatado en torno al Ministerio Público es la exteriorización de
un problema que SE VIENE GESTANDO DESDE QUE ASUMIERON LAS NUEVAS
AUTORIDADES de dicho Ministerio en marzo del presente año. Una mezcla
preocupante de desconocimiento, deformación, anquilosamiento, desubicación, atraso,
autoritarismo, improvisación, prepotencia y FUERTES RUMORES DE ABUSO DE
AUTORIDAD, entre otros problemas, tenían alarmados a muchos fiscales de carrera,
al punto de considerar la posibilidad de un retiro institucional.
La decisión tomada por esa autoridad del Ministerio Público ha sido una DECISIÓN
AUTORITARIA, INADECUADA, INCORRECTA Y POCO REFLEXIVA, que deja muy
mal al Ministerio Público y al país ante un contexto regional e internacional de lucha
contra la corrupción y castigo a los ex funcionarios que se han enriquecido a costa de
sus cargos. Pero, sobre todo, es una decisión que DEJA MUY MAL AL MINISTERIO
PÚBLICO ANTE LA SOCIEDAD, cuyos intereses debe representar por mandato
legislativo, y desnaturaliza su función de protegerla y defenderla de los abusos que
cometan funcionarios y ex funcionarios públicos expresados en actos de corrupción.
Por ello, la decisión de los fiscales de discrepar de una decisión como ésa,
REIVINDICA AL MINISTERIO PÚBLICO ANTE LA SOCIEDAD y dice mucho del
profesionalismo, de la valentía y del compromiso institucional de los que se atrevieron
a cuestionar el esquema autoritario vigente hoy en día en el Ministerio Público.
Lo inaudito y preocupante de esta crisis es la forma en que el Fiscal General de la
República cree que se puede solucionar la misma, CON EL VIEJO ESTILO MILITAR,
con rotaciones forzadas que son despidos indirectos y con destitución de los fiscales
que han cuestionado los desistimientos de los recursos y que se han pronunciado en
contra de tales decisiones, bajo el argumento autoritario de que no va a permitir el
desorden en la institución.
EL MINISTERIO PÚBLICO:
¿UN APÉNDICE DEL GOBIERNO O DEL PARTIDO DE GOBIERNO?
Desde la finalización de la guerra fría y de la crisis centroamericana, nuevos aires de
modernización y democratización recorren la región y el país. De manera gradual pero
creciente, fue estructurándose un nuevo pensamiento y un nuevo lenguaje que
pretendía y pretende dar cuenta de los fenómenos que están ocurriendo en el mundo.
Uno de ellos se refiere a la necesidad de una JUSTICIA INDEPENDIENTE DE LOS
PODERES FÁCTICOS, particularmente de los partidos políticos, y la necesidad de
fortalecer la transparencia en el desempeño de los servidores públicos.
Este parece ser un PELIGROSO PUNTO DE RETROCESO en el Ministerio Público
con las nuevas autoridades. Da la impresión que rápidamente se pusieron "a las
órdenes" del Presidente de la República y del propio partido de gobierno, sacrificando
la autonomía que es inherente a una institución como el Ministerio Público. Da la
impresión también que sus autoridades no tienen mayor conocimiento acerca de lo
que es y debe ser una institución como la que dirigen, al grado que el mismo Fiscal
General Adjunto, marginado o auto marginado del quehacer institucional, ha preferido
dedicar su entusiasmo al Colegio Profesional al que pertenece, a pesar de que recibe
un sueldo como servidor público, que es pagado con los impuestos que enteramos los
ciudadanos y ciudadanas de este país.
Resulta CURIOSA E IGUALMENTE PELIGROSA, la forma posesiva en que el
Presidente de la República se refiere al Ministerio Público, como si fuera una
Secretaría más del Estado, lo que nos envía un doble mensaje: ni el Presidente
respeta la autonomía inherente al Ministerio Público, quizás por desconocimiento, ni la
máxima autoridad de esta institución se da a respetar, quizás por un malentendido
agradecimiento hacia quien impulsó su candidatura.
De todas maneras, la decisión tomada y apoyada al más alto nivel del Ministerio
Público ha quedado evidenciada como una acción encaminada a favorecer la posición
del ex Presidente Callejas, situación que se complementa con el hecho de que el
actual Fiscal General fue en el pasado abogado defensor del mencionado ex
Presidente. Las posiciones parecen estar muy claras en el Ministerio Público: Por un
lado, EL FISCAL GENERAL con su equipo más cercano, dentro del que destaca el
Director de Fiscales, quien parece ser el ejecutor directo de las decisiones
denunciadas; la ASOCIACIÓN DE FISCALES, como expresión de la incomodidad y
preocupación que han generado las nuevas autoridades en torno al quehacer del
Ministerio Público; el FISCAL GENERAL ADJUNTO, que no tiene idea de lo que está
pasando; y UN PEQUEÑO GRUPO DE FISCALES desubicados, ingenuos,
desconectados de la realidad y sus peligros, manipulados y/o con una peligrosa
cercanía a las altas esferas de poder en el Ministerio Público.
LA VERTICALIDAD DEL MANDO
Un principio esencial del autoritarismo es el incuestionable ejercicio de una autoridad
que viene de arriba y la cual se espera QUE SE CUMPLA SIN OBJECIONES en los
niveles inferiores. Lo mismo sucedió en la época en que los militares fueron el centro
del sistema de poder, cuando algunos de los que fueron acusados de violar los
derechos humanos intentaban defenderse argumentando que HABÍAN RECIBIDO
ÓRDENES SUPERIORES, por el deformado concepto de la obediencia debida.
Los juicios que se libraron por este concepto contra muchos militares en América
Latina colocaron en primer plano la idea de que NADIE ESTÁ OBLIGADO A
OBEDECER ÓRDENES ILEGALES, por el riesgo de convertirse en cómplices de la
autoridad, situación que, trasladada al Ministerio Público, le concede razón a la
Asociación de Fiscales para protestar, cuestionar y rechazar una decisión como ésa, y
hasta para pensar en un flagrante ABUSO DE AUTORIDAD cometido por el Director
de Fiscales, con el aval del propio Fiscal General de la República.
La decisión tomada al más alto nivel del Ministerio Público, sin consultar a los fiscales
que luchan contra la corrupción, se retrata como UNA DECISIÓN AUTORITARIA,
VERTICAL Y EXCLUYENTE que no encaja con lo que debe ser el Ministerio Público y
mucho menos con los cambios que se observan en el plano nacional e internacional.
Otro principio que rige al autoritarismo es la posición maniquea de decir que los que
cuestionan una orden o una decisión, QUIEREN DESESTABILIZAR LA INSTITUCIÓN,
y los que callan, otorgan y mantienen la reserva, son los que expresan un mayor nivel
de compromiso y lealtad. En el pasado autoritario, esto se traducía en la repetición de
que los críticos eran los desestabilizadores del sistema y hasta se les tildaba
fácilmente de comunistas; inclusive se acuñó una expresión que retrata de cuerpo
entero al autoritarismo y LA FALTA DE TRANSPARENCIA EN EL DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL: "Los trapos sucios se lavan en casa".
¿INSUBORDINACIÓN DE LOS FISCALES
U OBLIGACIÓN PROFESIONAL?
La respuesta de los fiscales a la decisión del Fiscal General no constituye un acto de
insubordinación ante la máxima autoridad del Ministerio Público. Es una obligación
profesional ante los cambios de la cúspide institucional que ocurren cada cinco años,
porque ELLOS CONSTITUYEN LA ESENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO, son los
que conocen su trabajo, son los profesionales que han logrado acumular una
experiencia valiosa en el ejercicio cotidiano de su función de defender los intereses de
la sociedad; en cambio, las autoridades que llegan desde afuera, tienen un
conocimiento lejano, externo y FUERTEMENTE INFLUIDO POR SU EXPERIENCIA
PREVIA, lo que les estimula una visión deformada del Ministerio Público desde la
Corte Suprema de Justicia, desde la Policía o desde el ejercicio privado de la
profesión.
El papel de los fiscales ante las autoridades es y debe ser DE CONTRAPESO
PROFESIONAL Y DE VIGILANCIA DEL DESEMPEÑO; por ello, deben asumir un
papel más dinámico y comprometido ante el proceso en el que interactúan fiscales y
autoridades del Ministerio Público, fijar posiciones en torno a temas puntuales y
controlar la discrecionalidad, la interferencia y la utilización de los traslados verticales u
horizontales de los fiscales como premio o castigo por su GRADO DE SUMISIÓN E
INCONDICIONALIDAD HACIA LAS AUTORIDADES. Una atención particular debe
recaer sobre la Dirección de Fiscales que es la instancia intermedia desde donde se
pueden parar o mover casos que beneficien o perjudiquen a personas con quienes
pueden tener las autoridades compromisos políticos, familiares o personales.
Es importante precisar que bajo ningún concepto se deben mal interpretar los
principios tradicionales del Ministerio Público, referidos a LA DEPENDENCIA
JERÁRQUICA Y UNIDAD DE ACTUACIONES como principios encubridores de
órdenes ilegales, pues cuando una autoridad superior emite una orden ilegal, esos
principios deben pasar a un segundo plano.
El desistimiento de los recursos es una excepción de la regla, porque la regla general
es que todos los fiscales tienen que presentar recursos CUANDO LAS
RESOLUCIONES JUDICIALES VAN EN CONTRA DE LAS PRETENSIONES DEL
MINISTERIO PÚBLICO. Con el desistimiento que se ha decidido, lo que se ha logrado
es que sea el Ministerio Público el que cargue con la responsabilidad de no deducir las
responsabilidades a un ex Presidente, en lugar de haber sido la Corte la que resolviera
el recurso planteado.
La decisión de rotar fiscales para obligarlos a renunciar y el despido de los que han
expresado con mayor fuerza su rechazo a la decisión tomada, porque consideran que
es una gran concesión a la impunidad de los corruptos, revela un estilo autoritario,
intolerante y antidemocrático, que PRETENDE ACABAR CON LA CRÍTICA
ELIMINANDO A LOS CRÍTICOS. El Fiscal General de la República y su Director de
Fiscales representan un verdadero retroceso en la construcción de una
institucionalidad democrática y en el fortalecimiento del Estado de Derecho;
representan ambos una verdadera amenaza a la independencia del Ministerio Público
y a la libertad de los fiscales para luchar contra la corrupción.
¿FALTA MAYOR BELIGERANCIA
DE LOS CONTROLES EXTERNOS?
Es indudable que el Ministerio Público es pieza clave para la aplicación de la justicia en
nuestro país. Por ello hace falta una instancia externa de control CON FUERTE
PRESENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL para vigilar los vicios de corrupción, politización
partidaria, ineficiencia y violación de derechos dentro del Ministerio Público. Es más,
esa instancia debe ejercer su función de vigilancia y control sobre todos los
operadores de justicia y constituirse en una plataforma de exigencia de cuentas sobre
su desempeño.
EL FORO CIUDADANO PLANTEA LO SIGUIENTE:
1. Es imperativo cuestionar, rechazar, denunciar y combatir el retroceso
autoritario que se produce en el Ministerio Público y denunciar las arbitrariedades del
Fiscal General y del Director de Fiscales para imponer una disciplina cuartelaria en
una institución que, por definición, debe rechazar el autoritarismo.
2. Es importante reconocer la valentía de la Asociación de Fiscales para
expresar su vergüenza ante lo que está ocurriendo en el Ministerio Público y excitar a
sus integrantes a mantener su cohesión ante la crisis que atraviesa la institución.
Aceptar el silencio, la intimidación y la sumisión que quieren imponerles, tiene un
precio muy alto que ellos mismos podrían pagar tarde o temprano en el ejercicio de su
trabajo.
3. Hoy, como nunca antes, el futuro institucional del Ministerio Público, que ha
sido la entidad clave del proceso de modernización del Estado, se encuentra en manos
de los fiscales y no en manos de sus autoridades. A ellos les toca velar por el apego a
la Ley Orgánica del Ministerio Público y, lo que es más importante, por el respeto al
Estado de Derecho y la defensa de los intereses legítimos de la sociedad hondureña.
4. Es urgente que el Fiscal General de la República rinda cuentas a la sociedad
sobre las decisiones que ha tomado y que afectan los intereses de la sociedad, y
pedirle cuentas al Congreso Nacional y a todos aquellos que participaron en su
nombramiento como máxima autoridad del Ministerio Público.
5. Es necesario que el Congreso Nacional convoque de inmediato al Fiscal
General para que dé las explicaciones debidas por su conducta arbitraria y, de no ser
éstas satisfactorias, se discuta cuanto antes la posibilidad de destituirlo, y también a su
mano derecha, el repudiado Director de Fiscales. De igual manera, el Congreso
Nacional deberá analizar y valorar la conducta displicente y negligente del Fiscal
General Adjunto.
6. El combate a la corrupción debe ser colocado como una prioridad del
Ministerio Público y trabajar con diligencia y empeño para borrar la imagen de país
corrupto y la vergüenza de saber que mientras en los restantes países de
Centroamérica se lucha frontalmente contra la corrupción, con el Ministerio Público a
la cabeza, aquí se hace exactamente lo contrario.
7. Es importante darle un reconocimiento público a los fiscales despedidos y
rotados, y a todos los fiscales dignos que se resisten a convertirse en cómplices de lo
que está ocurriendo en el Ministerio Público, y exigir la inmediata restitución de sus
derechos en las condiciones de dignidad con las que siempre han trabajado.
Por una ciudadanía informada, crítica, vigilante y propositiva