Carta al Presidente Maduro "Marcha por la Vida"

[Ninoska Benitez <nbolancho@yahoo.com>]

Tegucigalpa, M.D.C.,
25 de junio de 2004

Licenciado 
RICARDO MADURO
Presidente Constitucional de La República.
Su Despacho

Excelentísimo Señor Presidente:

Nosotros, las organizaciones responsables de la Marcha Nacional por 
la Vida, nos dirigimos a Usted, para exponerle las preocupaciones 
colectivas ante la degradación acelerada de los recursos naturales en 
nuestro país y demandarle las soluciones pertinentes. 
La Marcha Nacional por la Vida es expresión colectiva del reclamo y 
la propuesta unánimes frente a las políticas que privilegian los 
proyectos transnacionales de saqueo, depredación y acaparamiento de 
los recursos naturales, en perjuicio de la vida de todos nosotros en 
las comunidades que habitamos.
Su Gobierno debe recibir las voces de esta Marcha como el clamor de 
los cuatro puntos cardinales de Honduras.

Debe reconocerla como una plataforma social unitaria de defensa del 
Medio Ambiente, con plena participación, sin distinción de etnia, 
sexo, idioma, religión u opinión política.

La Marcha Nacional por la Vida tiene su origen en la primera marcha 
realizada desde Juticalpa en Junio del año pasado y le da 
continuidad, porque sus demandas tienen plena vigencia aún.

Hoy reafirmamos, a una sola voz, que esta Marcha Nacional por la Vida 
seguirá vigente, en tanto no sea respetado el derecho de la población 
al acceso justo, equitativo y responsable del recurso tierra, bosque, 
agua, aire puro, fauna, minerales y otros recursos naturales. 
Las y los participantes en la Marcha Nacional por la Vida, 
procedentes de los diferentes sectores geográficos del país, 
enunciamos los siguientes principios:

PRINCIPIOS: 
"	Toda persona tiene el derecho a vivir en un  medio ambiente  sano, 
que garantice su salud y bienestar.
"	La Constitución de la República establece que el Estado de Honduras 
tiene la obligación irrenunciable de proteger y mejorar el medio 
ambiente, para las generaciones presentes y futuras.
"	Entendemos la defensa de los recursos naturales, renovables y no 
renovables, como la defensa del derecho a la vida, estrechamente 
vinculados con la garantía de los demás derechos humanos.
"	El abandono del Estado de sus obligaciones constitucionales hace 
que las comunidades se conviertan en los principales defensores del 
medio ambiente.
"	Las comunidades, y la sociedad en general, reconocemos en el Estado 
al primer responsable de garantizar el manejo sostenible de los 
recursos naturales.
"	Las actuales políticas económicas privilegian el capital sobre la 
vida, y exponen al país a nuevos desastres naturales.
"	Las políticas, programas y proyectos económicos y sociales, 
estatales y privados, deben enmarcarse en los valores ecológicos, 
ambientales y sociales, antes que en el dinero.
"	El manejo sostenible de los recursos naturales es un factor 
determinante para la superación de la pobreza, la discriminación 
social y la prevención de los desastres naturales.
"	Las soluciones a los problemas medioambientales de Honduras no 
pueden darse sin la participación protagónica de cada hondureña y 
hondureño, en cualquier comunidad en la que viva.
"	La tierra, los bosques, el agua, el aire y la biodiversidad, son  
patrimonio de los pueblos, en sus respectivos territorios, por lo que 
dichos recursos no deben ser privatizados.
En contraposición a estos principios, denunciamos la realidad que 
debe ser cambiada en los próximos meses y años, empezando ayer:
Tala despiadada y sin control de los bosques de pino y latífoliado, 
incluyendo el mangle.
La posición del Congreso Nacional y el Ejecutivo de insistir en 
aprobar una nueva Ley Forestal puramente extractiva, que no cuenta 
con el consenso de la sociedad ni recoge las aspiraciones de las 
organizaciones que han seguido el proceso en los últimos cuatro años.

Desertificación gradual y progresiva de las fuentes de agua, debido 
al manejo irracional de los bosques.
La pérdida creciente de la soberanía nacional  y de los recursos 
marinos, en ambos litorales: Atlántico y Pacífico. 
Creciente contaminación química y biológica de las fuentes, cuencas y 
causes del agua dulce y marina.
La planificación de megaproyectos hidroeléctricos sin estudio de 
impacto ambiental y humano; ejemplo: Represa El Tigre, Energisa, 
Patuca I y II, entre otros.
Destrucción de las corrientes superficiales y subterráneas de agua 
por parte de la industria minera, que contamina a las comunidades con 
plomo, mercurio, arsénico y otros metales pesados, generando graves 
enfermedades entre la población.
Desplazamiento de  poblaciones rurales y expropiación de sus tierras, 
 por las explotaciones mineras.
La entrega de bienes estratégicos, como el agua potable, a intereses 
extranjeros.
Destrucción de manglares y toda su biodiversidad por parte de la 
industria camaronera, en continua expansión, vulnerando los derechos 
humanos de las comunidades locales.
Destrucción de manglares, lagunas y toda su rica biodiversidad por 
parte de la industria camaronera expansiva, que vulnera a las 
comunidades adyacentes.
La injusta distribución de las tierras de vocación agrícola, que 
empuja a los campesinos a emigrar hacia las tierras de vocación 
forestal, generando un uso inadecuado de los suelos.
La falta de ejecución de la Reforma Agraria convierte al agro 
asechado, invadido y saqueado en fábrica de emigración interna y 
externa, que impacta las áreas urbanas ya sobre pobladas.
Desprotección absoluta de los trabajadores industriales y de 
servicios, incluyendo niños víctimas de las peores formas de trabajo 
infantil en zonas agroindustriales sin control. 

La mercantilización extrema y la entrega a empresas transnacionales  
de las zonas costeras para fines turísticos y residenciales; por 
ejemplo: el Proyecto Bahía de Tela, los condominios de Guanaja y el 
Club de Coyolito
La venta, en calidad de "patentes exclusivas", de las riquezas 
botánicas del país a monstruos farmacéuticos transnacionales. 
El abandono de las áreas protegidas y su traspaso a manos privadas, 
para usufructo personal en perjuicio de la población.
La voracidad de poderosos empresarios que se apoderan ilegalmente de 
zonas claves, despojando a sus moradores originarios de sus derechos 
y tradiciones, bajo el pretexto de conservar la naturaleza.
Los préstamos internacionales que fortalecen un sistema de corrupción 
que vence al pueblo en el "combate a la pobreza" y lo vuelve más 
miserable.

Las periódicas condonaciones, subsidios, exenciones de impuestos y 
otras canonjías que se otorgan a los grandes agro exportadores,  
"inversionistas del campo", que no son más que funcionarios y 
políticos.

Ante estas realidades amenazantes, los participantes en la Marcha 
Nacional por la Vida, reclamamos y proponemos:
	
AL Gobierno:

a)	No aprobar el proyecto y dictamen de la llamada nueva Ley 
Forestal, de las Áreas Protegidas y de la Vida Silvestre, pues el 
mismo está orientado  a concesionar los recursos del bosque a 
compañías  nacionales y extranjeras, cuyo fin es la explotación 
irracional. Esta legislación "sin dientes", que no castiga la mala 
praxis de la prostituida COHDEFOR y otras instancias propuestas en el 
anteproyecto, pasa por encima de principios universales vigentes en 
la legislación actual, entre otros: el derecho de las comunidades a 
aprovechar sus recursos forestales y la obligación del Estado de 
recuperar las tierras forestales ilegalmente ocupadas. Lo que 
proponemos  es una reforma consensuada a la legislación forestal 
actual,  manteniendo una visión diferenciada de los aspectos 
forestales, áreas protegidas y vida silvestre.
b)	Decretar, ejecutar y controlar una veda inmediata a la tala de 
bosques, en forma escalonada a nivel nacional, empezando por Olancho, 
hasta  tanto el gobierno haya ejecutado las siguientes acciones: 

"	Depuración participativa, no cosmética ni demagógica, de la  AFE-
COHDEFOR.
"	Auditoria a los recursos forestales por una firma internacional 
calificada, con participación de las comunidades y organizaciones 
involucradas en el buen manejo de los recursos naturales.
c)	Decretar una veda general en la Biosfera del Río Plátano  y las 
zonas núcleo de todas las áreas protegidas.
d)	Decretar una veda al menos por veinte anos en los municipios del 
país que ya presentan niveles de desertificación.
e)	Proceder de inmediato a la revisión de  los programas y proyectos  
forestales,  a efecto de enmarcarlos  en las políticas  de reducción 
de la pobreza mediante la participación  de las comunidades en el  
manejo y  aprovechamiento  del recurso.
f)	Preparar y desarrollar planes y proyectos de producción y manejo 
forestal sostenible, en coordinación con las comunidades del entorno 
territorial en beneficio de éstas.
g)	 Ejecutar el sistema social forestal establecido en la Legislación 
forestal vigente.
h)	Fomentar las auditorias sociales, de manera que sean los 
ciudadanos  quienes supervisen el comportamiento de las industrias y 
funcionarios forestales, a través de tribunales forestales 
regionales.
i)	Formular  una  política Nacional  Agroforestal, que armonice las 
políticas  forestales y  agrícolas.
j)	Aprobar una nueva Ley de Reforma Agraria tomando como base el 
Anteproyecto de Ley presentado por el Movimiento 
Campesino al Presidente del Congreso Nacional, el 17 de abril del 
2002.
k)	Desarrollar en forma consensuada una política que apoye, 
fortalezca y promueva la agricultura campesina, como una estrategia 
de seguridad y soberanía alimentaría.
l)	Realizar un ordenamiento integral del territorio Nacional 
ampliamente concertado, en el que se incluyan los aspectos 
ambientales, económicos, demográficos y sociales, sin esa visión 
impositiva, desenfrenada por convertir a Honduras en un mercado 
nacional e internacional de tierras. "Obviar la concertación en 
cualquiera de sus formas en lugares en donde la propiedad es 
comunitaria, sólo ocasionará conflictos" (Declaración de Masca).
m)	Fortalecer los organismos  de gestión y fiscalización, 
particularmente la Dirección General de Evaluación  y Control 
ambiental de la SERNA, la Procuraduría del Ambiente y la Fiscalía del 
Ambiente, para que actúen en coordinación con los tribunales 
regionales, de tal modo que la  Ley General del Ambiente y la 
legislación  Forestal sean aplicadas en toda su extensión, 
sancionando tanto a depredadores como a funcionarios  corruptos.
n)	Realizar el ordenamiento catastral y registral de los bosques de 
los terrenos forestales, y realizar el respectivo registro en  el  
catálogo del patrimonio Forestal inalienable. Así mismo, realizar  la 
recuperación  de oficio de los terrenos forestales estatales, 
ocupados ilegalmente por particulares,  tal como manda la Ley 
Forestal  vigente. 
o)	Abolir el carácter delictivo de la Ley General de Minería, 
aprobada en pleno huracán Mitch, porque entrega impunemente las 
riquezas del subsuelo a transnacionales inescrupulosas que pactan con 
funcionarios  locales corruptos. Esto incluye el cierre de la 
Dirección de Fomento de la Minería y su sustitución por otro 
organismo que atienda los intereses nacionales, antes que a los 
extranjeros. Que dictamine a favor de los pueblos, no en su contra. 
En consecuencia, se exige: 
1. Eliminar las concesiones mineras otorgadas entre 1989 y 2004, 
declarando una moratoria a nuevas concesiones mientras la Ley es 
cambiada 2.- Reformar la Ley de Minería, subordinándola a las 
actuales  Leyes existentes, considerando que su condición actual 
atenta contra los intereses del pueblo a nivel nacional. 3.- Declarar 
traidores a la Patria a quienes impulsaron y defienden la actual Ley 
de Minería.
p)	Cumplir los acuerdos internacionales y los principios ambientales 
suscritos por Honduras, con  énfasis en aquellos que declaran la 
Biosfera del Río Plátano y las 	Áreas Protegidas  como patrimonio de 
la humanidad, sometidas hoy a un tráfico intenso de madera y especies 
animales.
q)	Declarar, ejecutar y controlar una moratoria total, inmediata, a 
la expansión de la acuacultura del camarón, en consideración a los 
negativos impactos contra los bosques de mangle, lagunas, 
diversidad biológica, ambiente costero marino, seguridad ciudadana y 
economía de las comunidades locales.
r)	Recuperar en beneficio de miles de pescadoras y pescadores 
artesanales del Golfo de Fonseca, los ecosistemas que hayan sido 
convertidos fraudulentamente en fincas camaroneras.
s)	Respetar las normas establecidas por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), tanto en fábricas, zonas maquiladoras, campos de 
cultivo u otros espacios ocupacionales que suelen tener prácticas 
ambientales y laborales lesivas.
t)	Reformar los programas de educación para incorporar principios y 
conocimientos a favor del medio ambiente entre la niñez y la 
juventud. 
u)	Cancelar de inmediato la carretera Sico-Ciriboya y San Antonio El 
Mirador, porque además de impactar la Biosfera del Río Plátano y la 
cordillera Capiro y Calentura, afecta directamente las fuentes de 
agua dulce de las comunidades garífunas como consta en denuncia 
interpuesta ante la Fiscalía del Medio Ambiente en Junio de 2001.
v)	Derogar el Decreto Legislativo 90-90, que faculta y legitima la 
venta de los terrenos continentales y marítimos, que abre espacio 
inconstitucional a la venta de la Bahía de Tela, para el desarrollo 
de proyectos invasivos multimillonarios.
w)	Cumplir el Acuerdo Ejecutivo para solucionar el problema de Punta 
Piedra y San José de la Punta, Departamento de Colón, que han sido 
invadidas por deforestadores feroces que afectan el hábitat garífuna.

De los Organismos Internacionales:

a)	Que paren de presionar al Gobierno de Honduras, para la emisión de 
leyes orientadas a destruir el medio ambiente y a favorecer a los 
poderosos, especialmente el Proyecto de Ley Forestal financiado por 
el Banco Mundial.
b)	Que exijan el respeto en la aplicación de las normas y políticas 
internacionales ambientales suscritas por Honduras.
c)	Que se dejen de cinismo y haya coherencia entre los diferentes 
organismos internacionales en la aplicación de políticas que no 
atenten contra el medio ambiente.
d)	Apoyar los esfuerzos de las organizaciones sociales que promueven 
el aumento de la conciencia pública y la vigilancia ciudadana en el 
respeto del medio ambiente.
e)	Respetar el principio del carácter estratégico del agua, 
estableciendo que no puede ser cedida bajo ningún concepto a personas 
naturales o jurídicas extranjeras.
f)	Reconocer que el modelo de ajuste neoliberal acentúa la 
vulnerabilidad social y ecológica de Honduras, como quedó comprobado 
con la tragedia del huracán Mitch y otras.

De la sociedad civil hondureña:

a)	Mayor esfuerzo en proteger y fomentar el medioambiente mediante la 
acción solidaria, con visión nacional desde el ámbito local.
b)	No podremos ejercer el derecho al medio ambiente si no  disponemos 
de información en cantidad y calidad suficiente para poder reclamar 
ante las entidades públicas y privadas. El principio de transparencia 
y rendición de cuentas debe ser exigido al gobierno central y 
gobiernos municipales.
c)	Toda persona, individual u organizada, y todas las comunidades 
tienen el deber de asumir por su propia cuenta la protección y el 
fomento del medio ambiente por los medios que le sean posible, como 
ha ocurrido en Olancho, Intibucá, Copán, Ocotepeque, Choluteca y 
otros departamentos. Esta responsabilidad se llevará a cabo 
enfrentando a quienes explotan irracionalmente los recursos naturales 
o impulsan modelos de producción y consumo insostenibles, inamistosos 
con la Naturaleza. 
d)	Todas las comunidades tienen el deber de cooperar entre sí en la 
defensa del medio ambiente. Las organizaciones ciudadanas velarán 
para que no se introduzcan en esa lucha prácticas corruptas o 
desleales que atenten contra los objetivos generales. 
e)	La sociedad hondureña tiene la obligación de heredar un medio 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado a las generaciones 
futuras. 
 
Reiterándole nuestra respeto de Usted,

Atentamente por la Comisión Nacional de la Marcha por la Vida: 

P. Andrés Tamayo				Roger Escober

Berta Oliva de Nativí  				Jorge Varela

P. Osmin Flores  					Walter E. Ulloa

Angel Amilcar Colón				Rufino Rodríguez