(Fwd) SUTIL CAMPANHA DE AMENAZAS.....

["Raquel Isaula" <raquel@rds.org.hn>]

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Date sent:      	Thu, 26 Jun 2003 18:30:55 -0600
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ODN/002/ 2003

SUTIL CAMPAÑA DE AMENAZAS PONE EN RIEZGO LA 
SEGURIDAD DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN 
HONDURAS 

En Honduras se pretende silenciar a quienes hacen de su voz una 
barrera permanente de lucha contra la impunidad, para lograr su 
cometido utilizan con diligencia asombrosa las instituciones del
Sistema Operador de Justicia, cuando la atención publica gira
alrededor de intereses de los impunes la justicia mueve los tentáculos
como un peligroso pulpo que se aproxima buscando devorar a los más
débiles o a quienes por su condición no pueden o no saben 
defenderse.

En el vértice de esta estrategia para silenciar a quienes aún se
atreven a elevar su voz, primero acusaron por desacato a 16 
abogados, bajo el argumento que habían ofendido a los magistrados 
de
la Corte Suprema de Justicia al solicitar su destitución, para tal
efecto hicieron uso de las libertades civiles que ya la Constitución
de la Republica les garantiza, Honduras reconoce el derecho a la
libertad de expresión, de asociación, de petición, al debido proceso,
y sobre todo reconoce que en caso de conflicto de una ley interna con
un tratado o convención prevalece lo segundo. No obstante están 
siendo
juzgado por desacato, pese a que vía Opinión Consultiva la Corte
Interamericana definiera la condición de conflicto de esta figura
jurídica con la Convención Americana de Derechos Humanos, se les 
esta
juzgando bajo una figura que ya no forma parte del derecho positivo.

En el marco de esta complicidad, funcionarios del Ministerio Publico
han manifestado, ante la amenaza de acudir al Sistema 
Interamericano,
que se debe agotar los recursos internos por parte de los imputados,
tal posición no es más que circo cuando la Presidenta de la Corte
Suprema de Justicia, prejuzgo el nivel de imputación de los afectados.

En otra parte a raíz de las constantes denuncias al Poder Judicial, en
cadenas de radio y TV, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia
anuncia que este Poder del Estado no tolerara ofensas; la reacción de
La Corte se da en el marco de las frecuentes denuncias de corrupción
en el Poder Judicial y sobre todo de una confrontación con el
Legislativo a fin de calificar quien tiene la responsabilidad de
interpretar La Constitución de la Republica.

El anuncio de amenazas que hace La Corte Suprema de Justicia 
empata en el marco de una coyuntura donde sectores de Sociedad 
Civil respaldan la tendencia que a la Corte le compete interpretación
constitucional, ante la laguna legal que actualmente tiene el Estado
de Honduras para este efecto; es nuestra opinión que La Corte 
pretende
aprovechar este respaldo para flotar en el océano de críticas de
corrupción que parecen desencantar a una Sociedad Civil que lucho 
día
y noche para la reforma del procedimiento de elección de los
magistrados. 

El turno toca ahora al Cardenal Oscar Andrés Rodríguez a quien 
llaman a comparecer ante el Ministerio Publico por preguntas que se
formulara el prelado en torno a una supuesta componenda política 
para
otorgar cartas de libertad a políticos supuestamente vinculados en
corrupción y asesinato; el caso del Cardenal es preocupante, pues
puede desencadenar en persecución sostenida, como política de 
Estado,
para silenciar la crítica ante la creciente impunidad que abate a la
sociedad hondureña en campos como: corrupción, homicidios, 
amenazas,
violencia, complicidad policial en el crimen etc. En el actual
contexto lo que se esta haciendo al Señor Cardenal debe preocupar a
todos los sectores de la sociedad hondureña e internacional, pues
pretende demostrar que si es posible hacerlo con el Cardenal por que
no deberá hacerse con los que no tienen envestidura clerical, de la
posición que adopte el Cardenal en el seno de la anunciada audiencia
podemos definir si esto es otro escándalo o responde a otra táctica de
la estrategia subterránea para silenciar.

Antes el Presidente del CODEH, Andrés Pavón, le tocó escuchar a la
honorable, en el marco de discusión del informe de la Masacre del
Porvenir en la que murieron 68 personas, que el poder judicial no
tolerara actos en los que se ponga en juego la credibilidad de los
funcionarios e instituciones del Estado, en un mensaje claro frente a
los que se atreven a denunciar la bochornosa y nefasta actitud de
proteger, no los intereses del Estado sino de quienes gobiernan,
creando las lagunas de impunidad que hacen perder la confianza en la
institucionalidad.

Las amenazas del Padre Andrés Tamaño no son aisladas están 
articuladas a esta campaña de amenazas sistemáticas; al grado que el
Presidente ordenó se le asignaran varios agentes de policía para
protegerlo, lo que tiene un mensaje: las amenazas son tan serias que
ya no respetan a un Ministro de Dios.

Hay que sumar las denuncias del Consejo de Organizaciones 
Indígenas de Honduras (COPINH), las que destacan persecución y 
complicidad de fiscales del Ministerio Público y policías en
detenciones y torturas a miembros de la organización. 

Cabe destacar que en este periodo de gobierno dos oficinas de
organismos de derechos humanos han sido allanadas; la primera fue 
la
del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras 
(CODEH)
en Semana Santa del año 2002 y luego las oficinas del Centro Para la
Prevención de la Tortura (CPTR), en los dos casos violentaron 
archivos
y se llevaron equipo. Cabe destacar que la coyuntura en los dos casos
es parecida ya que empatan en una sacudida de denuncias sobre
participación de agentes de policía en las muertes extrajudiciales.

En estos últimos días hemos sido sacudidos por denuncias del
Secretario de Estado en los Despachos de Seguridad Lic. Oscar 
Álvarez, manifestando que existe una conspiración para asesinarlo,
conspiración que también esta diseñada a sectores de la oposición y
empresarios. Para reducir el efecto de estas amenazas se diseña una
estrategia de protección denominada: "Jaula" ; lo anterior genera
reacciones de diferentes sectores de la sociedad que no aceptan una
protección selectiva, manifiestan que la estrategia deberá cubrir a
todos los sectores de la sociedad  ya que en Honduras todos somos,
supuestamente, iguales ante la ley; reacción que demuestra el nivel de
inseguridad sentida por toda la sociedad.

A esto se suma que en declaraciones publicas el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos expreso que en su caso ha sido 
objeto de tres atentados, no quedando claro que si en su historia como
defensor de los derechos humanos o como Comisionado en el actual
gobierno.

Lo anterior apunta al incremento de la violencia bajo estrategias que
permitan la sostenibilidad de la misma, habría que preguntarse ¿a
beneficio de quien?: de lo que se ha dado en denominar crimen
organizado, políticos, empresarios, madereros, impunes, policías
corruptos, trafico de armas etc.

Mientras esto sucede contamos con más de un millón de armas 
ilegales circulando en el país, una ley de armas que permite a un
ciudadano registrar cinco pistolas hasta declararse coleccionista sin
establecer el limite, pobreza galopante, alta taza de desempleo,
creciente criminalización de la pobreza y sobre todo una declaración
de guerra anunciada por el ejecutivo a un enemigo oculto que aún la
sociedad hondureña no ha logrado identificar. 

FIN

Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras
(CODEH)
Tegucigalpa Honduras
Tel. (504) 237-7825 / (504) 237. 5368
Fax. (504) 237-9238
Correo Electrónico: codeh@optinet.hn 
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